Torres expuso que la ordenanza 33-95 establece un plazo por el cual se tienen que regularizar las ocupaciones a los efectos de pagar el canon, ya sea de uso, arrendamiento o de compra.
“El artículo 35 de esa misma ordenanza te establece que el municipio puede liquidar de oficio la ocupación de esos lugares, que es lo que se está haciendo, y en algunos casos realizar las regularizaciones que corresponda”, explicó, aludiendo al caso de la venta de 17.000 metros cuadrados al Astillero Aguape, operación que habría “vulnerado normas” según la organización ciudadana Codeasu.
Benito Torres aseguró que la Municipalidad está abocada a atacar los “focos de evasión”, y que existen muchas personas que ocupan terrenos y no pagan impuesto inmobiliario, tasas especiales ni canon de ocupación.
“Si estás ocupando un terreno fiscal, tenés que pagar los impuestos”, refirió, y señaló que las opciones para quienes ocupen estos terrenos son dos: “Una es regularizarse, la segunda es desocupar o que el municipio disponga directamente de esos bienes”.
Actualmente, pobladores que ocupan zonas de la Costanera Norte viven en la incertidumbre debido a una serie de notificaciones que recibieron en los últimos meses. El abogado que los representa, Enrique Wagener, calificó la ordenanza que ampara a la Comuna como “desfasada”, por ser de 1995.
