A 10 años de la última Asamblea General celebrada en el país en 2014, este foro hemisférico vuelve a reavivar la polarización entre sectores de la sociedad vinculados a las iglesias y a determinados grupos políticos declarados provida y profamilia y organizaciones de la sociedad civil organizada que consideran necesario avanzar en la adopción de nuevos derechos humanos que garanticen la paridad hombre-mujer en las instancias de decisión; promuevan la inclusión y desalienten todas las formas de discriminación, entre otros.
Pastores de iglesias cristianas, algunos legisladores en particular, sobre todo los cartistas, la Universidad Católica de Asunción y el arzobispo emérito Edmundo Valenzuela solicitaron la semana pasada a la Cancillería Nacional que Paraguay se mantenga en su posición a favor de la vida y la familia, en consonancia con la Constitución Nacional, en el afán de preservar estas instituciones ante el avance de lo que ellos denominan “ideología de género”.
A estas voces se sumó el viernes el cardenal Adalberto Martínez, quien fue a pedir lo mismo al presidente Santiago Peña. La principal preocupación gira en torno a un proyecto de resolución ómnibus (significa obligable o vinculante a todos los Estados Miembros) que se titula “Promoción y Protección de Derechos Humanos” que se tratará en la presente Asamblea General. El documento contempla temas como la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, derechos humanos y salud mental, derechos humanos y mujeres indígenas; niños, niñas y adolescentes; el poder de la incursión y las ventajas de la diversidad; derechos humanos y prevención de la discriminación y la violencia contra personas LGTBI+; el enfoque de género. También la promoción y protección de los derechos humanos en línea. Plantea la paridad de género, representatividad geográfica equilibrada y de los diferentes sistemas jurídicos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, el fortalecimiento de la protección y promoción del derecho a la libertad de conciencia y religión o creencia. Y el rol de la defensa pública oficial en la Justicia en asuntos ambientales. Otro proyecto de resolución versa sobre el “Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la OEA y en el proceso de Cumbre de las Américas”. El lema de la 54ª Asamblea General es “Integración y seguridad para el desarrollo sostenible en la región”.
Paraguay aspira lograr que el abogado Diego Moreno, su candidato a juez de la Corte IDH, resulte uno de los tres electos.
