Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores se reunieron este miércoles para analizar el pedido de desafuero del ex presidente Mario Abdo Benítez. Sin embargo, decidieron dictaminar recién el próximo 2 de abril, a vuelta de la Semana Santa.
Solo con la recomendación de la comisión legislativa se puede tratar la solicitud del Juzgado en el pleno de la Cámara Alta. Por esa razón, la definición de este tema se daría el miércoles 3 de abril.
Fue lo establecido por la presidenta de la Comisión, la colorada Lilian Samaniego, tras la aprobación en mayoría de los legisladores. Durante el debate se escucharon fuertes críticas al proceso judicial.
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El colorado Mario Varela, quien fue ministro en el gobierno de Mario Abdo, afirmó que se trata un caso cuyo proceso “está contaminado” y que se debe analizar los alcances políticos y no solo jurídicos en esta causa.
Rafael Filizzola cuestionó que la imputación no está claramente establecida con relación a los hechos y los elementos que existen contra los procesados. También cuestionó que al mismo tiempo se hable de filtración de secretos y de denuncias falsas.
En su turno, el liberal Líder Amarilla indicó que no existe imparcialidad en la causa y tampoco principio de moralidad de los fiscales que realizaron la imputación. En ese sentido, trajo a colación los chats entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero.
Mientras que la cartista Lizarella Valiente solo atinó a decir que “el que nada debe, nada teme” y abogó que la Cámara de Senadores no “obstaculice” un proceso judicial.
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Otro colorado, Javier Zacarías Irún, fue quien propuso la postergación para poder interiorizarse mayormente sobre la causa y también poder convocar a los abogados de los procesados y denunciantes.
La jueza Cynthia Lovera admitió la imputación contra Mario Abdo Benítez y sus ex ministros, tras la denuncia presentada por Horacio Cartes por supuesta “filtración de sus secretos”.
La imputación tiene 60 páginas y menciona los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Según el Ministerio Público, el ex presidente conformó una “organización delictiva” para filtrar informaciones confidenciales de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para desacreditar al sector vinculado a Cartes y el actual presidente de la República, Santiago Peña.
