Rocío Vallejo, quien preside dicha comisión asesora, resaltó que la decisión adoptada no se trata de ninguna persecución política, sino porque los elementos acercados hasta el estamento ameritan la aprobación del pedido de desafuero.
“En ocasiones anteriores hemos procedido de la misma manera; no se puede decir que exista una persecución política; consideramos que los hechos descritos en la imputación fiscal reúnen los parámetros de elementos de sospecha, que es lo que se requiere a la hora de la imputación”, indicó.
Alegó que el desafuero es al solo efecto que las investigaciones prosigan y para asegurar que el diputado Galeano se someta a la justicia para el esclarecimiento de los hechos a los que se los vincula.
“Para que el Ministerio Público pueda avanzar en el análisis de la causa, lo que corresponde es el desafuero. Es para que el Ministerio Público pueda presentar los elementos probatorios y para que el señor Galeano pueda defenderse”, señaló Vallejo.
Por su parte, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, explicó que la imputación que pesa sobre su colega hace mención a la supuesta comisión de delitos comunes, y no guardan relación con las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones parlamentarias.
“El pedido planteado no afecta a las inmunidades del parlamentario, que se refiere a las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones; ni se refiere a estas cuestiones, sino a la sospecha de la comisión de hechos punibles comunes, por lo que, sin lugar a dudas, amerita el desafuero para que el colega sea sometido al proceso”, apuntó el legislador.
El dictamen de la comisión fue suscrito por Vallejo, Ávalos Mariño, Jazmín Narváez, Eusebio Alvarenga, Carlos Núñez Salinas y Manuel Trinidad. No estuvieron los cartistas Walter Harms, Rocío Abed y Derlis Maidana.
