BOGOTÁ - COLOMBIA
Víctimas del conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de medio siglo pidieron ayer a la guerrilla FARC y al gobierno de Juan Manuel Santos “redoblar” sus esfuerzos para lograr un acuerdo definitivo que “proscriba la violencia política”.
Un grupo de afectados por la confrontación, que viajaron a Cuba para exponer sus casos ante los negociadores de las FARC y el gobierno durante los casi cuatro años que duraron las pláticas de paz, dijeron en un comunicado que los colombianos tienen “la responsabilidad de impedir que el conflicto armado se reactive”.
“Por tal motivo solicitamos a la mesa de negociación redoblar sus esfuerzos para agilizar consensos que permitan avanzar en un acuerdo definitivo que recoja las voces de todos los sectores del país”, luego de que el pacto alcanzado en La Habana fuera rechazado por 50,2% de los votantes en un plebiscito realizado el pasado domingo.
“Les solicitamos encontrar prontamente un mecanismo que garantice la continuidad del cese bilateral, el resguardo y la protección de los pobladores rurales y las comunidades que sufren directamente la crueldad de la guerra, con el acompañamiento de los equipos de verificación de Naciones Unidas y de la Misión de Paz de la OEA”, añadieron las víctimas.
acercamiento. La posibilidad de un acercamiento entre el Gobierno colombiano y los líderes del “no” al acuerdo de paz con las FARC avanza con el impulso del Premio Nobel que obtuvo el presidente Juan Manuel Santos, el respaldo de la guerrilla y las víctimas, y la disposición de los opositores para destrabar el proceso.
El reconocimiento que otorgó ayer el Comité Nobel de Noruega a Santos por su decisión de invitar a todas las partes a participar en un diálogo nacional para que el proceso de paz no muera luego de que el pasado domingo ganara en las urnas la opción del “no” al acuerdo, se convirtió en un aliciente para alcanzar el consenso.
Precisamente el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, opositor al acuerdo, manifestó que los cambios que se propongan al texto firmado en Cartagena el pasado 26 de setiembre por el Gobierno y la guerrilla deben hacerse de manera pública para que sean transparentes.
