La presentación del anteproyecto de ley que busca evitar los desalojos durante la pandemia fue oficializada este miércoles por la Codehupy. El documento fue entregado al senador Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, de manera a que pueda iniciar los trámites correspondientes.
El secretario Ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala, explicó ante los medios de prensa que la propuesta plantea modificar el artículo 52 de la Ley 6524 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”.
“Trabajamos en una propuesta legislativa que pueda contribuir al debate sobre los desalojos, que es una situación preocupante y no hay una respuesta concreta por parte del Estado… No es posible que las recomendaciones sean quedarse en casa ante la pandemia y sea el propio Estado el que va y les echa a la gente de su casa”, expresó Ayala.
La iniciativa pretende evitar los desalojos en asentamientos que fueron constituidos antes de la declaración de la pandemia del Covid-19 en el país.
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De aprobarse la propuesta, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh), deberán proporcionar al Poder Judicial, al Ministerio del Interior y al Ministerio Público un registro de los asentamientos colectivos en riesgo de desalojos o desocupación forzosa en un plazo de 30 días luego de la aprobación.
La propuesta de la Codehupy sigue la línea de medidas ya solicitadas al Estado por parte de Relatorías de Naciones Unidas sobre los desalojos de asentamientos al principio de la pandemia.
El organismo instó a los gobiernos a declarar el fin del desalojo o desplazamiento forzoso de los asentamientos informales; asegurar que se disponga de los recursos necesarios para aplicar esta orden de manera efectiva, incluidos los recursos para vigilar y prevenir los desalojos extrajudiciales.
Desde las Relatorías argumentaron que, en este contexto sanitario, el desalojo del hogar “es potencialmente sentencia de muerte”.
En uno de los tantos casos, indígenas de la comunidad Ka’avusu, del pueblo Avá Guaraní, distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, denunciaron la semana pasada que fueron brutalmente desalojados por policías y civiles.
