La situación se vuelve más vergonzosa si consideramos la historia económica del departamento y del distrito en cuestión. En 2007, ÚH informaba que la tasa de crecimiento del PIB en Ciudad del Este era de casi el 8% anual, debido al fuerte impulso del comercio. El tamaño de la rama, tanto minorista como mayorista, ubicaba a la ciudad entre las tres grandes urbes del planeta en comercio, solo por detrás de Miami y Hong Kong.
Si a esto le agregamos que el departamento concentra la tercera parte de la superficie sembrada de soja en el país, resulta que entre la producción de soja, rubro que durante diez años generó altos niveles de riqueza, y el comercio, esta región debería haberse convertido en un polo de desarrollo y bienestar. Sin embargo, nada de eso se revirtió en las condiciones de vida de su población ni por la vía del empleo decente ni por la vía de políticas públicas financiadas con impuestos derivados de la riqueza generada en el departamento. Los municipios cuentan con el impuesto inmobiliario y otros relativos al comercio que debieran haber sido direccionados al bienestar de la población.
La pandemia muestra gran cantidad de trabajadores con ingresos bajos, sin seguridad social, en condiciones laborales precarias e informalidad. La comunidad hoy se debate entre salir a trabajar a un costo altísimo para su vida y para el país, frente a un también gran número de trabajadores de blanco a quienes se pondrá en riesgo. Esto sin contar con los costos que tendrá para la salud pública mantener niveles altos de contagio.
Al observar los recursos que fueron transferidos por el Gobierno Central, resulta que este departamento y sus respectivos distritos reciben de lejos la mayor cantidad de fondos derivados de royalties, compensaciones y coparticipaciones de impuestos. En contrapartida, los informes de la Contraloría muestran su mala administración. Una rápida revisión de los informes de gestión y las políticas públicas departamentales y municipales dan cuenta del bajo nivel de compromiso con las funciones y competencias que les otorgan las leyes. No hay planes que muestren las acciones de ninguna de las dos instancias, ni evaluaciones o rendiciones de cuenta de los efectos logrados en el bienestar de la ciudadanía que deben asistir.
Es urgente que las autoridades aprendan de la experiencia y diseñen políticas que contribuyan a la soberanía nacional reduciendo la dependencia del Brasil y generando desarrollo con empleos decentes, mejores condiciones de salud, educación y protección social, infraestructura vial y social. La riqueza que producen el departamento y este distrito debe generar los ingresos tributarios para financiar estas medidas.
