La magistrada dispuso que la diligencia sea realizada de forma telemática mediante WhatsApp, conforme con la resolución, a fin de resolver el pedido de la defensa que alega cuestiones de salud.
En el caso, Maristela Azuaga fue condenada el 28 de noviembre de 2022 a la pena de 10 años de cárcel por los citados delitos, a raíz del multimillonario desvío en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde era directora de Administración y Finanzas.
Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia el 3 de marzo de 2023. El fallo también fue ratificado por la Sala Constitucional de la Corte que rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa.
Actualmente, Azuaga cumple su pena en el Centro Penitenciario para Mujeres Serafina Dávalos, de Coronel Oviedo, tras haber sido trasladada desde el penal de Emboscada y compurgará su pena el 3 de diciembre de 2032.
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El pasado 29 de mayo, su defensor, Víctor Rivarola, planteó el incidente de prisión domiciliaria a favor de Maristela Azuaga Fleitas, de modo que pueda cumplir su pena en su domicilio, por cuestiones de salud.
Ante esto, la jueza ordenó la constitución de una junta médica, integrada por el médico forense de turno del Poder Judicial, René Morínigo, médico forense del Ministerio Público, y el médico clínico Luis Sosa, designado por la defensa técnica de la condenada, quienes elaboraron el dictamen médico sobre el estado de salud de la condenada y la gravedad de su patología.
El dictamen médico incluyó la pericia sobre el estado general de salud de la condenada además de la determinación de la enfermedad, si la dolencia le impide valerse por sí misma, el tratamiento y si está en riesgo su vida, entre otros puntos. Además, se realizó un informe de la trabajadora social, licenciada Gabriela Gómez.
Con ello, finalmente, se fijó la audiencia para el 29 de junio, a las 08:30, para sustanciar el incidente de prisión domiciliaria.
Los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, y la ex directora administrativa Maristela Azuaga fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En el caso, incluso la Procuraduría General de la República comenzó el proceso de reparación del daño, con el fin de recuperar el monto del desvío de G. 68.000 millones.
