La petición se sustenta en que Chilavert fue condenado por supuestos hechos de difamación e injuria, por ejercer su derecho de libertad de expresión y opinión en sus redes sociales, cuando el mismo se encontraba en la Argentina.
Dice la petición que las expresiones críticas vertidas por Chilavert fueron referentes a corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol, presidido por Alejandro Domínguez. Alega que es “persona pública indudablemente que genera interés social a nivel sudamericano y, por tanto, deberían estar más expuestos y no menos expuesto a las críticas que se realizan en el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión”.
Remarca que se habría violentado los artículos 13, 8 y 25 en relación con los artículos 2.2 y 1.1 del Pacto de San José. Esto, por la utilización de los tipos penales de difamación, calumnia e injurias para acallar las voces críticas denunciantes de corrupción que son de interés social, general y en el caso en cuestión. Alegan que se violentó del debido proceso y la falta de un recurso efectivo. El Paraguay tiene un rol de garante en el caso.
