Este año, a sugerencia de la Comisión de Cuentas y Control del Senado, se realizó una modificación en el calendario de presentación, adelantando la entrega a finales de julio en lugar de agosto.
Benítez señaló que, a causa del acortamiento del plazo, no todas las auditorias están incluidas en el informe presentado, pero se espera que en los próximos días se completen y se entregue un informe complementario.
Según el detalle, en total, la CGR llevó a cabo 1.674 actividades de control en todas las modalidades, incluyendo auditorías financieras, de presupuesto, de desempeño y cumplimiento, así como fiscalizaciones especiales inmediatas y dictámenes técnicos de contratación.
Hechos punibles. El contralor indicó que llevaron adelante un total de nueve auditorias financieras, de las cuales, dos quedaron con “dictamen no razonable”, es decir, que se debe profundizar el estudio para determinar si hay indicios de hechos punibles.
Estos dos casos corresponden a los informes de las auditorias financieras practicadas al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
En el informe también se encuentra una lista de los reportes de indicios de hechos punibles presentados por la CGR al Ministerio Público entre enero del 2023 y julio de 2024. El año pasado presentó 64 reportes de indicios de hechos punibles, y este año, a la fecha, fueron ocho.
En cuanto a montos de posibles perjuicios patrimoniales, resaltan los casos que corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), que en total son seis y suman casi USD 233 millones, que corresponden a situaciones dadas durante los ejercicios fiscales desde el 2021 al 2023.
Otra entidad con sospechas de millonarios perjuicios patrimoniales es Petropar, que en dos casos suma más de USD 176 millones.
Observaciones. Respecto a los hallazgos de los auditores a las diferentes entidades públicas, el contralor señaló que las observaciones realizadas por la Contraloría tienden a repetirse cada año, indicando un desorden contable persistente en las instituciones públicas.
“Esta falta de actualización en los registros contables puede abrir puertas a la corrupción”, señaló con preocupación el contralor, instando a los entes públicos a que pongan esfuerzo en mejorar su organización contable y mantengan sus balances actualizados.
Habló de bienes que ya no existen o se dejan de utilizar, como vehículos que quedan fuera de servicio, pero que las instituciones del Estado siguen haciendo figurar como parte de sus activos, y citó de ejemplo de esto al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior.
Una particularidad del informe presentado este año en dos tomos es el agregado del seguimiento a las mejoras institucionales. Al respecto, Benítez resaltó que existe un alto porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Contraloría.
Las instituciones evaluadas tienen 30 días para informar a la Contraloría sobre las acciones que tomarán para subsanar las observaciones, ya sea mediante un sumario administrativo o medidas correctivas.
