Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, en conferencia de prensa detalló lo que considera una serie de irregularidades administrativas y financieras en la gestión del intendente Miguel Prieto. Desde fondos mal asignados, contratos con ejecución nula pese a millonarios anticipos, hasta desvío de combustibles.
Explicó que el eje principal del proceso de revisión gira en torno a la ejecución de 83 mil millones de guaraníes, cuyo destino debía estar estrictamente asignado a gastos de capital, es decir, infraestructura, obras públicas y bienes duraderos.
Sin embargo, la Municipalidad reconoció ante la Contraloría General de la República (CGR) que más de 42 mil millones fueron destinados para cubrir gastos corrientes, como salarios, servicios y funcionamiento interno.
Una maniobra, que según aseguró el interventor, en sí es ilegal, debido a que representa una violación a las normas presupuestarias del sector público. Menciona el caso de cinco plazas municipales adjudicadas en tiempo récord. Según explicó, se entregaron anticipos por más de 4 mil millones de guaraníes, equivalentes al 20% de los contratos, sin que las obras hayan comenzado de forma tangible. A un mes del inicio previsto de los trabajos, lo único visible en el terreno son vallas perimetrales. “Por cuatro mil millones de guaraníes, las obras no están ni cerca de reflejar el monto ya desembolsado”, señaló. Ramírez anticipó que se exigirá el cumplimiento riguroso de los contratos y se verificarán las etapas legales omitidas en la adjudicación. Inclusive, dijo que detectó que algunos pagos fueron realizados sin completar el circuito legal en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), lo que pone en duda la validez jurídica de esos desembolsos.
Otro capítulo de esta intervención tiene que ver con el manejo del combustible institucional. Ramírez confirmó que, en promedio, la Municipalidad adquiría más de 60 mil litros de combustible al mes, cifra sorprendente que supera ampliamente el uso razonable de una entidad local. La investigación arrojó casos como el de un vehículo que en un solo día cargó combustible por valor de 800 mil guaraníes, equivalente a casi 100 litros, mientras que el trayecto recorrido fue de apenas 51 kilómetros. Además, se hallaron tickets firmados por personas que ni siquiera forman parte del plantel de la Municipalidad. La revisión recién abarca las rendiciones de mayo, pero el equipo interventor sospecha que estos hallazgos son solo la punta del iceberg. “Estos indicios nos muestran que estamos frente a una posible estructura de desvío sistemático. Hay personas externas involucradas y estaciones de servicio que han emitido facturas irregulares”, denunció el interventor. La revisión también abarcó el uso de fondos rotatorios, partidas que, por reglamento, deben ser manejadas exclusivamente por las áreas de Administración y Finanzas para gastos menores y urgentes. En la práctica, eran utilizados para compras de bocaditos y refrigerios, contraviniendo el principio de excepcionalidad de estos fondos. Ramírez anunció que se cortó la distribución de estas partidas a dependencias sin autorización legal, y que ya se adoptaron medidas para centralizar el uso del combustible.
Concejales acusan a interventor de tratar de confundir a la ciudadanía
Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
Los concejales de la bancada Yo Creo, Sebastián Martínez y Alison Anisimoff, salieron al paso de las declaraciones del interventor Ramón Ramirez, a quien acusaron de “querer confundir a la ciudadanía” con datos imprecisos y acusaciones infundadas sobre el uso de combustibles en la administración municipal.
El eje del conflicto gira en torno a la utilización de vehículos particulares para tareas institucionales, y la consecuente carga de combustible con recursos públicos. El interventor cuestionó la legalidad y transparencia de estas operaciones, señalando casos como la carga de G. 800.000 en combustible para un recorrido de apenas 50 kilómetros. Sin embargo, los concejales aseguran que se trata de una práctica regularizada y que cuenta con el respaldo de una resolución administrativa, conforme a un plan de mejora elaborado por la Contraloría en los años 2019-2020.
