La castración química se planteará como una alternativa para tratar de resolver la problemática de abusos sexuales y violencia infantil en el país, ante la gran cantidad de hechos de violencia y abusos infantiles registrados en las últimas semanas.
La iniciativa resurge en la Cámara de Diputados, específicamente del diputado del Partido Hagamos Carlos Rejala, quien explicó que con la castración química se buscará establecer una pena ejemplificadora para evitar que las personas cometan este tipo de hechos.
“Lastimosamente no va a resolver el problema, porque es un inhibidor sexual y el abusador podrá abusar de cualquier forma. No va a solucionar porque es un caso más profundo de salud mental, esta es una forma y vamos a ver para elevar las penas y llevar a algo ejemplificador”, sostuvo el diputado en comunicación con Monumental 1080 AM.
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Rejala explicó que la propuesta es analizada por su equipo jurídico y adelantó que se analizan otros aspectos penales más elevados para lograr una alternativa de solución.
En principio, explicó que la castración química se aplicaría por medio de sustancias inyectables a los autores de violaciones o abusos. Este mecanismo también se lleva adelante en algunos estados de EEUU y en Colombia.
El diputado también refirió que el debate sobre el tema se encuentra totalmente abierto para las personas interesadas que deseen inmiscuirse en el caso.
El proyecto de castración química a violadores de personas menores de edad ya fue presentada en el Congreso en el 2007, pero había quedado archivada. La iniciativa, en aquel entonces, fue encabezada por el ex senador Nelson Argaña.
En el 2017 la iniciativa volvió a resonar en la Cámara Baja, en aquella ocasión liderada por el diputado liberal Édgar Ortiz.
Mientras que Rejala recordó que en octubre del 2018 ya planteó la iniciativa en redes sociales a fin de analizar la propuesta en el Congreso Nacional.
Tratar la salud mental
Por otra parte, el abogado José Casañas Levi, dijo a la misma emisora radial que antes del planteamiento jurídico, los legisladores deben verificar los tratados y convenios internacionales que tiene el país en cuanto al tratamiento de personas privadas de su libertad.
“No se pueden plantear normativas sin antes verificar los convenios internacionales. Este tema de la castración es un tema consensuado a nivel occidental y los tratados hablan de protección a la vida y reinserción social”, sostuvo Levi.
A su criterio, la problemática de los abusos y violaciones deben ser tratados en el área de la salud mental y no así con una elevación de las penas, ya que no existen estadísticas que demuestren que ante penas altas, se disminuyen la comisión de este tipo de hechos.
“Esto es un tema de política de Estado, donde el Estado se debe ocupar de la salud mental. Las personas que cometen estos hechos tienen un trastorno, no tienen una mediana estabilidad y por eso es que se deben trabajar en políticas preventivas”, insistió.
