La Ley 5295 define el nepotismo cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública. En el artículo 3 se puede leer: “El que realizare un nombramiento de servicios, en contravención a lo dispuesto a dicha ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico” y los que fueron beneficiados con el nombramiento serán castigados con la misma pena y deben devolver los salarios cobrados indebidamente.
La clase política que gobierna este país desde el Poder Legislativo ha intentado modificar la ley mencionada, pero se debería aclarar que si las autoridades tuvieran honor y decencia, probablemente no hicieran falta leyes que prohibieran hacer aquello que moral y éticamente no debieran, es decir, beneficiar a sus hijos e hijas con cargos públicos y millonarios salarios. No solo definen la pobre calidad de la democracia, sino también quebrantan los principios del Estado de derecho.
En el caso más reciente, como publica ÚH, la hija del diputado colorado cartista, Yamil Esgaib, cumple funciones de auxiliar administrativo desde el mes de febrero, aunque su contrato rige desde el 1 de abril hasta 30 de junio. Magida Esgaib, de 24 años, debe trabajar apenas cuatro horas diarias, de 09:00 a 13:00; de lunes a viernes y tiene una remuneración de USD 3.000 (más de G. 22 millones) al mes para atender al público, evaluar y tipificar los documentos para legalización y censar a los paraguayos residentes en la jurisdicción de la Embajada paraguaya en el Reino Unido.
Hasta el presidente rompió lanzas por el nombramiento de la hija del diputado colorado cartista, Santiago Peña, reconoció que autorizó la contratación de la hija de Yamil Esgaib en la Embajada Paraguaya de Londres, y admitió que “fue una decisión política”. En cuanto a las expresiones del diputado cartista Derlis Rodríguez, quien considera que los parlamentarios no deben rendir cuentas por los casos de nepotismo, es mejor no repetirlas, pues son un insulto a la inteligencia.
Desde que iniciaron las denuncias, el hijo del presidente del Congreso fue el único que renunció, los otros siguen sin importarles críticas y cuestionamientos. Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, ingresó sin concurso a la Cámara de Diputados como asesora en el 2023 y un salario de G. 18.274.300. Como también sigue impune el diputado liberal Cleto Giménez quien trabaja teniendo cerca a su familia; tiene como asesoras a su esposa y dos de sus hijas y también sigue adelante en su brillante carrera Elías Martín Godoy Torres, de 19, hijo de la diputada liberocartista Roya Torres, que en su primera experiencia laboral ya ganaba G. 9.500.000 como asesor de su madre.
Es inaceptable que persistan los privilegios para los hijos e hijas de autoridades que fueron electas para trabajar por el bienestar de todos los paraguayos, mientras que hay niños y jóvenes que no pueden acceder a la educación pública, y padres y madres sin empleos dignos ni posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus familias. El nepotismo es corrupción y la corrupción extiende la pobreza y la desigualdad.