El representante de la Fiscalía Ángel Ramírez solicitó una pena de un año con suspensión a prueba de la ejecución para la joven Aurora Lezcano Coronel, procesada por coacción tras haber participado de una prolongada protesta en la que varios estudiantes tomaron la Universidad Católica de Asunción (UCA) en el 2017.
Este jueves se llevó a cabo el juicio oral de Lezcano, donde la querella que representó a la UCA solicitó incluso dos años de cárcel con cumplimiento efectivo de la condena para la estudiante de Derecho.
Según lo que manifestó Aurora a través de su cuenta de Twitter, el abogado querellante indicó en sus alegatos que Aurora “no es una persona común” y que debe afrontar dos años privada de su liberad por ser estudiante de Derecho.
Además, resaltó que en una parte de los argumentos de la querella también figuraba lo siguiente: “Si las mujeres somos acosadas en la universidad, tenemos que cambiar nomás de universidad, que por algo luego nos quedamos”.
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“No persiguen los casos de corrupción y de narcotráfico. Hay miles de casos estancados justamente en estos tribunales, cajoneados en los despachos, pero para perseguir estudiantes, mujeres que protestan, para eso sí están rápido. La protesta es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado paraguayo”, expresó la joven a través de un video que fue viralizado en las redes sociales.
Por su parte, en contacto con Última Hora, el abogado de la UCA, Carlos Montalbetti, señaló que el periodo solicitado para la joven fue teniendo en cuenta el artículo 65 del Código Procesal Penal, que establece los criterios para la pena aplicable, y que, en este caso, ronda entre los 6 meses y 2 años para el hecho de coacción.
No obstante, señaló que desde la institución solicitaron los dos años “para no pedir multa”, ya que la normativa dispone que todas las penas privativas de hasta dos años se suspenden para este tipo de casos, pero se otorgan otras medidas como la multa, la prohibición de salir del país, entre otras.
“No hay forma de que ella vaya a la cárcel, porque lo establece el Código Procesal Penal. Pedimos dos años de pena privativa para no pedir multa. La universidad perdió más o menos un millón de dólares en esos 45 días que estuvo cerrada. Se pidió la condena porque no podés dejar que te atropellen, te perjudiquen en tu casa y dejar así (las cosas). Yo personalmente contacté con Aurora (Lezcano). No le pedimos dinero, solo queríamos disculpas públicas. Pero ella no aceptó, prefirió la mediatización”, manifestó el abogado.
Codehupy se pronuncia sobre el caso
Además de varios internautas que se pronunciaron en contra del actuar de las autoridades de la UCA, por llevar hasta juicio a una estudiante que solo exigió algunas reivindicaciones, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió un Amicus dirigido al Poder Judicial, en el que realizó observaciones respecto a la causa.
“Para la Codehupy, este caso es de trascendencia pública, porque es el ejemplo de la sistemática violación del derecho a la protesta social a través de canales legales que son utilizados para criminalizar, disuadir, intimidar e impedir a la ciudadanía ejercer este derecho”, sentenciaba la institución en su escrito.
El juez Rolando Duarte Martínez resolvió en setiembre de 2018 que se elevara a juicio oral la causa por coacción contra Aurora Lezcano, la única estudiante en la historia de la Universidad Católica de Asunción en llegar hasta estas instancias por haber participado en una protesta estudiantil.
En el caso también estuvieron procesados e imputados otros alumnos de la misma universidad, pero todos fueron sobreseídos al acogerse a la “suspensión provisional del procedimiento”.
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Se trata de Maurizio Paradeda, cuya imputación quedó sin efecto debido a un error de procedimiento, ya que el fiscal no lo citó a la audiencia indagatoria, además de Camila Corvalán, Cecilia Vuyk, José Carlos Lezcano, quienes admitieron la culpabilidad y fueron obligados a realizar una donación y a seguir reglas de conducta por dos años.
El proceso de Aurora debe continuar este viernes 8 de abril, a las 10.00, en el Palacio de Justicia de Asunción, donde se presentarán los alegatos finales de su defensa y posteriormente se espera la sentencia.
