“En las redes sociales nos atacan porque las señoras no están en la cárcel y ellas están imputadas todavía, quiere decir que recibieron medidas alternativas mientras dure el proceso de investigación”, aclaró a Última Hora Sonia Cáceres, representante de ONG’s Unidas del Paraguay y directora de Mascotas S.O.S.
Explicó que tanto la jueza como el fiscal del caso están siguiendo todos los procesos correspondientes de acuerdo a lo que establece la ley.
El objetivo es llegar a un juicio oral y público donde los jueces, a través de las pruebas que presente la Fiscalía, dictaminarán la sentencia. Aclaró también que solo por el video donde se ve a las mujeres atar al perro a su vehículo y partir no pueden ir presas.
Para Cáceres, es importante que la gente comprenda que a quienes se está juzgando es a las personas, Liduvina González y su hija Vivian Canela Galeano, no al animal.
Según la defensa, basada en testimonios de vecinos, no hubo mordida ni agresión, la niña cayó de una silla sobre el perro, este se asustó y al levantarse la rasguñó. Esta justificación utilizaron las mujeres que mataron al can.
Incluso, de acuerdo con las declaraciones de testigos, nadie puede confirmar que el perro que lastimó a la pequeña sea Tyson, ya que había dos animales iguales en la misma cuadra.
“El día que el juez marque el inicio del juicio todo el mundo será invitado a participar para que apoyemos la causa”, informó la voluntaria de la organización que aglutina a 23 movimientos.
Comentó que la mayoría de las mujeres del grupo son voluntarias. Solventan los gastos realizando diferentes actividades y colectas.
Para este caso en particular se trabajó mucho y se viajó constantemente a Santaní, Departamento de San Pedro. Tampoco reciben ayuda del Estado ni de organizaciones internacionales. Esto se da solamente con organizaciones que trabajan para las personas, no así con los animales.
Para las personas interesadas en colaborar con la causa está disponible la línea telefónica (0981) 555 692.
La defensa está pidiendo la pena máxima, que sería de dos años de cárcel con una multa máxima de G. 117 millones.
