El fiscal Marcelo Pecci fue consultado sobre una supuesta demanda civil que gira en torno a la investigación abierta por el caso de las cédulas y pasaportes adulterados para el ingreso del ex jugador Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldiño.
Lea más: Desde la clandestinidad, Dalia López presenta recurso para revocar su rebeldía
En ese sentido, contó que los imputados Gerardo Medina e Iván Ocampos plantearon una demanda civil ante el Juzgado de Lambaré, además de una denuncia penal ante la Fiscalía de Derechos Humanos y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Pecci explicó que los procesados cumplían supuestamente la parte operativa de la estructura, es decir, la obtención de lo necesario para producir documentos públicos de contenido falso y que el proceso se encuentra en el tercer mes de desarrollo y faltan otros tres para la presentación de los actos conclusivos, además de encontrarse personas prófugas de la Justicia, como la empresaria Dalia López.
El representante del Ministerio Público indicó que aún no fue notificado de la denuncia en el fuero civil y que cuando sea así ejercerá sus derechos pertinentes en defensa de las pretensiones.
“Son cuestiones que si bien encajan en herramientas legales que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlas, quiero recalcar que todo este tipo de acciones conlleva una responsabilidad, una responsabilidad que depende del resultado y de otros factores en cuanto a su contenido lo cual seguramente será analizado por los abogados profesionales que defenderán nuestros intereses oportunamente”, sostuvo.
Entérese más: Juez otorga arresto domiciliario para mujer implicada en el caso Ronaldinho
Entre tanto, dijo que el único efecto que la demanda genera es la inversión de tiempo, de dilatar y defenderse de las acciones que plantean.
“La investigación sigue su curso y este tipo de acciones no generan ningún tipo de sentimiento ni variación del criterio objetivo que debe regir a las actuaciones. Nos ocuparemos de la denuncia, pero sin desviarnos de lo principal que es la investigación penal que llevamos”, sostuvo.
Así también, detalló que no tiene conocimiento de la razón por la cual se presentó la denuncia en el Juzgado de Lambaré, cuando la Unidad Fiscal se encuentra en el microcentro de Asunción y no en dicha ciudad.
De la misma manera, manifestó que hasta el momento no leyó la denuncia presentada ante Derechos Humanos y que si se trata de los mismos términos que son de público conocimiento no hay sustento para dichas pretensiones y de que prospere el pedido, a la vez de señalar que todos los derechos fueron respetados.
“En cuanto a los horarios, escucho cuestionamientos de que ellos se presentaron a una hora determinada y que se inició a otra hora, o que se fijó una nueva fecha, eso es cuestión de plazos”, remarcó.
Nota relacionada: Imputan al hombre que habría gestionado pasaportes
Entre otras cosas, mencionó que una persona que tiene una orden privativa de libertad naturalmente no puede condicionar la dinámica de trabajo de los agentes fiscales y que la misma se basa exclusivamente en los plazos procesales.
Finalmente, sobre el pedido de revisión de copias de las actuaciones que realizó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), detalló que remitieron el pedido con la firma de todos los fiscales actuantes en la causa y cumplirán con el pedido de información aunque solo se busque dilatar la investigación.
