14 jul 2026

Caso Pingüi expone la otra cara de la violencia: “La basurización social”

Falta de oportunidades y la exclusión constante en las periferias hacen que el destino de muchos sea la delincuencia, lamentó el psiquiatra Agustín Barúa, quien usó el término de “basurización social”.

La multitudinaria despedida –principalmente en motocicletas– a Emerson Giovanni Ruiz Acosta, alias Pingüi, despertó nuevamente un criticado fenómeno social de romantizar la delincuencia. Esto, ya que su fallecimiento se dio cuando cometía un asalto a mano armada contra un contador, que se enfrentó a tiros con el delincuente defendiendo su hogar. Ambos perdieron la vida en el fuego cruzado.

La crítica también apuntó a las autoridades de seguridad, la Justicia y al Estado mismo, debido a que Pingüi seguía libre, pese a contar con un largo historial delictivo.

“Estas son personas que no importan. A los que vimos en esas motos son personas predestinadas a morir por las balas, por la indiferencia, por el desempleo, por la falta de oportunidades. No solo están enterrando a Pingüi, allí hubo una muerte con Pingüi, ellos murieron con Pingüi”, expuso Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra, antropólogo e investigador.

Habló de que el dolor de la exclusión “es brutal, es un dolor no ser aceptado”, pero ¿aceptado por quién? El profesional describió que hoy la sociedad vive en una guerra insolidaria. “Si no movemos las piezas de lugar, nos vamos a quedar encerrados en las casas, con cámaras de circuito cerrado, con guardias de seguridad, con perros grandes, y lo que aumenta es la enemistad social”, advirtió.

Agustín Barúa.jpg

“Al no haber políticas públicas, tenemos a un Clan Rotela reclutando en las periferias, y subordinados esto al capo mafia”. Agustín Barúa, psiquiatra y antropólogo.

MARGINADOS. Barúa ejemplificó diciendo que si uno va a una institución de uno de los tres poderes del Estado, “y si sos pobre, si no tenés plata, no importás, no importa que tengas derecho. El mensaje es que sos basura y, ¿qué esperamos de gente basureada, con dolor, rencor, sin esperanza”, expuso.

“Están muertos, no les importa que los maten. Ni se van a respetar sí mismos, ni van a respetar a las autoridades”, analizó Barúa.

Siguió diciendo que al no haber políticas públicas, tenemos a un Clan Rotela reclutando gente en las periferias, donde se rompen los lazos y quedan subordinados al capo de la mafia de turno.

“Eso es un problema, no solucionable con políticas reactivas”, dijo el experto.

Detalló que en el entierro de Pingüi, así como otros casos similares, “se ve una caravana del dolor social gigantesco, con una enorme deficiencia de derechos. Generación tras generación que no tiene derechos, no cree en nada, existe una desconfianza, dolor, rencor”.

En ese sentido, se refirió de la “basurización social, donde las políticas públicas diseñadas están condenadas a muerte. O lo van a matar un policía, o un desempleo o la mafia, o una bala”, y remarcó que hoy “vivimos una colección de muertes vivientes”.

ABATIDO. En la madrugada del martes, cuatro delincuentes, entre ellos Emerson Ruiz, ingresaron a una vivienda en Fernando de la Mora, donde terminó siendo abatido por su propia víctima, quien también falleció en el tiroteo.

Sin embargo, la muerte del joven delincuente, con un largo prontuario, conglomeró a una gran cantidad de motociclistas que hicieron una caravana para despedirlo, como si fuera a despedir a un ídolo. Misma escena se había vivido en noviembre del 2015, cuando falleció Nelson López, alias Yacaré Po, uno de los criminales más buscados del país, quien fue abatido durante el asalto a un banco. Tras su muerte, muchos le llamaban hasta “ángel” porque ayudaba con dinero de los asaltos a los necesitados en Villa Hayes, especialmente a los del barrio Santa Librada, donde él residía.

Pese al alto perfil delincuencial, seguía en libertad

Emerson Ruiz, abatido.jpg

Emerson Ruiz, abatido

La muerte de Emerson Giovanni Ruiz Acosta (19), alias Pingüi, expuso otras fallas más en el sistema de Justicia, cómo es un hecho de tentativa de homicidio a una niña, ocurrido a principios del 2025, cuando él debía estar cumpliendo un arresto domiciliario.

En esa ocasión se registró una pelea entre vecinos en una vivienda, en las calles 37 Proyectada y Brasil, que terminó en un tiroteo por parte de Ruiz, quien en ese momento tenía tres causas: Dos por tentativa de homicidio y uno por frustración a la persecución penal. Pese a la gravedad de los hechos, tenía solo medidas de arresto domiciliario.

Uno de los proyectiles disparado por Pingüi hirió de refilón a pequeña de 6 años en la espalda, siendo derivada al Hospital de Barrio Obrero, donde se confirmó que afortunadamente fue una herida superficial.

Tras el hecho, se denunció en la Fiscalía que Emerson Ruiz estaba “con arma en mano las 24 horas, reclutando a niños”. Consultada la fiscala Laura Finestra sobre ese caso, ella recordó que había interinado la Unidad 6 del fiscal Rogelio Ortúzar cuando eso y que solicitó la prisión preventiva de Emerson, pero después el caso pasó a cargo de varios fiscales más.

En diciembre del 2025, volvió a tener otra causa investigando al joven, donde también solicitó su prisión preventiva, orden que estaba vigente al momento del fallecimiento de Emerson durante un atraco.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Sentencia, que juzga al ex intendente Armando Gómez y a otros coprocesados, rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las partes, en el juicio oral por el presunto desvío de G. 9.317 millones de la Municipalidad de Lambaré. Entre los incidentes había una excepción de incompetencia, con lo que decía que los jueces no debían ser los que juzguen el caso.
El Tribunal de Sentencia Especializado confirmó el rechazo del pedido de la defensa de José Alberto Insfrán Galeano, conocido como Pastor Insfrán, de trasladarlo al módulo 4, destinado a los procesados, dentro del Penal de Máxima Seguridad Martín Mendoza. Ahora, el recurso deberá ser estudiado por el Tribunal de Apelación Penal.
Fin de la pesadilla. Diana Rojas se reencontró con su pequeña hija tras horas de desesperación.
Procesado. Francisco Bustos, padre de la niña, quedó detenido en la Argentina y ya fue imputado.
La condena de 10 años de cárcel para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, fue ratificada por la Sala Penal de la Corte, que declaró inadmisible el recurso de casación planteado contra el fallo.
La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 3 años de cárcel para Justo Rubén Ferreira Servín, ex presidente de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, y la absolución de los demás encausados.
Oposición. La Fiscalía Adjunta rectificó dictamen de los fiscales y pidió que el caso pasará a juicio.