El general retirado, Herminio Piñánez Balmori, en una entrevista con el programa Algo Anda Mal (AAM), aseguró que accedió a un video en el que se ve a un cuarto hombre no identificado en la investigación, durante el operativo en el que fallecieron dos militares a causa de una explosión.
La abogada de Pavão amenazó al Gobierno en varias ocasiones con mostrar un video si su cliente era extraditado al Brasil.
El capitán Enrique Piñánez y el suboficial del Ejército José Manuel González Ferreira murieron en extrañas circunstancias en la noche del 26 de noviembre del 2014 sobre la ruta 5, en la zona de Cuero Fresco, Concepción, cuando el vehículo en el que se trasladaban fue destruido por la detonación de una bomba que, como explosivista, el mismo Piñánez había preparado, durante un operativo de combate contra la ahora extinta Agrupación Campesina Armada (ACA). Piñánez supuestamente debía introducir una bomba a un campamento de la banda criminal.
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La información oficial dicta que se trató de un atentado de la banda criminal. No obstante, el padre del capitán, general Herminio Piñánez, sostiene que el hecho fue un complot de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), debido a que su hijo comenzó a descubrir graves hechos de corrupción en la FTC.
Juan Manuel Jara, de la Secretaría Nacional Antidrogas, quien era el chofer, resultó herido en la ocasión.
La moneda de cambio
El general relató que el ministro del Interior Francisco de Vargas había solicitado ayuda a Pavão para la compra de un aparato de escucha y rastreo, valuado en USD 380.000, como moneda de cambio para ayudar a su madre, quien según él, era investigada por lavado de dinero.
El senador Eduardo Petta, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, manifestó que durante la declaración del general y de su hija Gloria Piñánez ante una comisión investigadora conformada por varios legisladores, señalaron que el capitán Enrique Piñánez habría accedido a información que demostraba irregularidades en el sistema de seguridad en el norte del país, luego de ser designado para investigar la muerte del comisario Manuel Escurra, a causa de la detonación de una bomba durante un patrullaje, que fue atribuida al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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“La situación de irregularidad fue informada durante un almuerzo al fiscal Joel Cazal, quien le sugirió no meterse por ser muy peligroso”, informó Petta, basándose en el relato de los familiares. Cazal estuvo a cargo de la investigación de la muerte de los militares.
Asimismo, los familiares remarcaron que al volver al campamento fue recibido por el entonces titular de la FTC, Restituto González, quien le había reclamado lo conversado con el fiscal. “Te fuiste a jaguarear en lo de Cazal”, dijo González según indicó Petta, por lo que sus compañeros le sugirieron que huya del lugar, ya que el mismo día iba a ser asesinado, motivo por el que se refugió en la casa de su hermana por tres días y le contó todo lo que sucedía.
Finalmente, revelaron que luego se reunió con el comandante de las Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete, para entregarle el informe sobre la investigación, y este habría roto los papeles y ordenado realizar un informe más escueto, porque el anterior lo involucraba.
Los mensajes de Piñánez en Facebook
Posteriormente, Piñánez fue trasladado de Concepción y siguió un curso en los Estados Unidos, desde donde advirtió al coronel Héctor Grau que lo iban a matar durante un patrullaje. Estos mensajes mandados a través de Facebook fueron exhibidos por Grau ante los senadores, pero la Fiscalía nunca incluyó en la carpeta fiscal.
En esa conversación con Grau, Piñánez nombra a autoridades como “el número uno”, “el número dos” y el “número tres”, quienes serían el presidente de la República, Horacio Cartes; Juan Carlos López Moreira, y el ex ministro De Vargas, según el testimonio de los familiares, aludiendo a que estos conocían sobre la situación.
Fiscales ocultaron información
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El legislador detalló que la Fiscalía presentó una acción de inconstitucionalidad para seguir ocultando la carpeta y la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Ministerio Público no tenía obligación de revelar datos al Senado.
La Fiscalía argumentó que la carpeta fiscal contenía información sensible, sin embargo, según Petta, al ocultar el documento se viola el derecho de la víctima de conocer los detalles de la investigación, como lo establece el Código Procesal Penal.
