El procurador general de la República, Rodolfo Andrés Barrios Duba, sostuvo que existe el compromiso de cumplir con lo resuelto por la Corte IDH, que falló a favor del ex fiscal Alejandro Nissen y responsabilizó al Estado paraguayo por la violación de distintos derechos en perjuicio del ex agente.
“Por supuesto que el compromiso es cumplir con lo resuelto. El Estado va a cumplir y asume sus compromisos ante el sistema de protección de derechos humanos”, expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Paraguay debe pagar a Nissen en un año USD 30.000 como indemnización, USD 243.000 por daño material, USD 15.000 por daño inmaterial, USD 15.000 por costos y gastos. Además, debe reintegrar unos USD 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas.
Nissen fue destituido en 2004 porque supuestamente pasó información de sus casos a la prensa.
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Barrios Duba también señaló que buscarán la manera de que exista una normativa que permita poder ir contra aquellas personas que generaron que se establezcan una responsabilidad internacional del Estado.
“Seguro que se cumplirá el pago correspondiente y otras medidas de reparación, pero luego tenemos que elaborar una estrategia o tener un respaldo interno que nos permita poder recuperar ese dinero”, enfatizó.
Al respecto, explicó que desde la Contraloría ya iniciaron acciones contra los bienes de nueve personas por daños al patrimonio del Estado. Acotó que buscan que todos los funcionarios públicos sepan que si comenten hechos de corrupción en la función pública, ponen en riesgo sus bienes.
La sentencia de la Corte IDH, por unanimidad, responsabilizó al país por la violación a la garantía de contar con un juez imparcial, por la transgresión al derecho de la protección judicial y por haber violado el derecho de Nissen a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad.
Asimismo, por mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho a la estabilidad laboral del ex representante del Ministerio Público.
¿Por qué Nissen demandó a Paraguay?
Su caso comenzó en marzo del 2002, cuando fue denunciado por supuesto mal desempeño en sus funciones ante el JEM. Para abril de 2003, el ex agente fue destituido, tras lo cual presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad que para el 2004 se rechazó.
Posteriormente, apeló ante la Corte IDH y en su denuncia argumentó que en la tramitación del proceso en su contra no contó con un juez competente, independiente e imparcial, así como no se respetó su derecho a la defensa, el principio de congruencia y el plazo razonable.
