El Colegio de Abogados del Paraguay expresó en un comunicado que ha tomado conocimiento acerca de decisiones adoptadas por órganos jurisdiccionales de la República de Colombia, pretendiendo exigir la comparecencia personal de las partes a las audiencias orales y públicas a ser sustanciadas en aquel país y que involucran a personas acusadas de ser autores y partícipes del alevoso asesinato del fiscal Marcelo Pecci en la playa de Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022.
Manifiesta que con preocupación y solidarizándose con los reclamos de los integrantes de la familia del fiscal asesinado y del colega abogado colombiano que representa a las víctimas, quienes de manera racional y lógica han planteado evitar la presencialidad en aquel país, sin perjuicio del ejercicio de los derechos legales y procesales que les competen como víctimas y representantes de éstas.
Estima que resulta “legal, legítimo y comprensible” la petición de la familia del fiscal Pecci y piden que de manera efectiva y verificable se resguarden la vida e integridad física de los agentes fiscales intervinientes en los procesos pendientes, como de los abogados integrantes del equipo jurídico que representan los intereses de la familia Pecci.
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Mencionan que la familia Pecci sólo pretenden que a través de medios civilizados se determine con claridad las responsabilidades de todos aquellos sujetos instigadores, autores y demás participantes del hecho de extrema violencia que afectó al fiscal paraguayo.
“No podemos dejar de expresar nuestra alarma ante la exigencia de presencialidad de las partes quienes pretenden justicia para quien ya no puede defenderse como consecuencia del alevoso crimen”, expresa parte del texto.
El Colegio de Abogados del Paraguay menciona que la virtualidad iniciada en el caso paraguayo durante la pandemia, para la sustanciación de procesos judiciales, ha sido una herramienta tecnológica idónea y fundamental para que los servicios de justicia sean eficientes y eficaces sin que esto suponga de manera alguna una afectación a principios procesales inherentes a un sistema acusatorio como los de oralidad e inmediación.
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“Creemos que la República de Colombia y sus órganos jurisdiccionales han demostrado mediante este método tecnológico ser un ejemplo y guía para tantas naciones latinoamericanas en materia de sustanciación de procesos, circunstancia objetivada en actuaciones en esta misma causa y que llevaron incluso como resultado condenas a quienes han tenido participación en el abominable hecho”, agrega.
Anhela una resolución justa, sensata y oportuna por parte del Supremo Tribunal de la República de Colombia, garantizando la preservación, indemnidad y seguridad de las víctimas y de sus representantes en el marco del proceso judicial a ser debatido, manteniendo las reglas procesales de la virtualidad.
Explica que esta circunstancia no afecta ni atenta contra derechos de las partes y que en cierto modo permitiría tutelar el caso particular que atañe a uno de los más destacados agentes fiscales de la República del Paraguay, pues éste ·pagó por su decidido aferramiento a principios, convicciones e integridad, de una forma irremisible de afectación al bien jurídico más protegido por cualquier legislación civilizada, es decir, con su vida”.
