El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, condenó a Rodolfo Duarte López a 2 años y 3 meses de cárcel, por el hecho punible de producción de documentos no auténticos, por el caso Ivesur. El hombre deberá guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Está procesado junto al ex contralor general de la República José Enrique García, anterior asesor jurídico de la Municipalidad, cuyo caso aún está en el Juzgado de Garantías, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Duarte reconoció que utilizó documentos falsos para alegar que supuestamente se presentó apelación contra el laudo arbitral por parte de la Municipalidad de Asunción ante el Tribunal Primera Sala Civil de la Capital, el 6 de octubre de 2016.
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En ese sentido, se probó a través de pericias que el llenado del cargo y la firma de recibido del escrito de referencia no le pertenecía a ningún funcionario de la Primera Sala ni a la actuaria del Poder Judicial, informó la Fiscalía.
Sin embargo, Duarte, a sabiendas, utilizó ese documento para motivar la presentación ante la Quinta Sala Civil de un escrito de acumulación de causa de fecha 11 de octubre de 2016, documento que fue elaborado por los asesores Enrique García y Julio González.
Además de otro escrito de reconstitución de expediente elaborado por la asesora de la Municipalidad de Asunción María Emilia Yugovich, presentando este pedido ante la Quinta Sala Civil de la Capital, donde obra el pedido de regulación de honorarios de Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, abogados de la empresa Ivesur, que demandó a la Municipalidad ante un Tribunal Arbitral de la capital.
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Ante la producción de pruebas, el acusado confesó reconocer la acusación de la Fiscalía asumiendo el hecho, es decir que, como funcionario de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Asunción, cumplía la orden de su jefe.
Cabe recordar que en la causa arbitral el fallo que condenó al ente municipal a pagar más de G. 18.000 millones no fue apelado por el entonces asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, abogado Enrique García.
Tras estos hechos investigados Enrique García fue desaforado y renunció al cargo de contralor general de la República. La investigación del caso está a cargo del fiscal Leonardi Guerrero.
