EFE | César Muñoz Acebes
Los presos levantaron el sábado una huelga de hambre de 58 días después de que un tribunal aceptara otorgarles el arresto domiciliario por su delicado estado de salud.
Cuatro de ellos llevan 21 meses encarcelados, mientras que el quinto cumple 18 meses.
El 73 % de los presidiarios paraguayos está a la espera de juicio, un porcentaje que la propia ministra de Justicia, Sheila Abed, calificó como “preocupante” y una consecuencia del uso “indiscriminado” de la prisión preventiva, en una reciente entrevista con Efe.
Ese factor explica el hacinamiento de los penales paraguayos. En Tacumbú, donde se encuentra el 46 % de los recluidos del país, hay 4.000 personas en un espacio reservado a unas 1.500. De ellos, solo 800 han sido condenados por algún delito, según cifras oficiales.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una entidad estatal, afirmó que en el caso de los campesinos los jueces incumplieron su deber de revisar de oficio cada tres meses la pertinencia del encarcelamiento.
Los labriegos están imputados por tentativa de homicidio de seis policías, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno por un enfrentamiento en junio de 2012 en unos terrenos que habían ocupado y cuya titularidad está en disputa.
Otro de los problemas recurrentes en la justicia paraguaya es la insuficiencia o mal manejo de las pruebas.
El fiscal encargado del caso de los campesinos, Jalil Rachid, admitió a Efe esta semana que algunas de las evidencias fueron recogidas y “manipuladas” por terceros en el lugar de los hechos, en vez de por la Policía.
“Sí hubo falencia de no haber resguardado la escena del crimen”, admitió Rachid, quien dijo que el sitio era “enorme” y había una situación “de descontrol” tras el enfrentamiento.
También reconoció carecer de pruebas que demuestren que alguno de los acusados mató a los policías.
Dijo que testigos afirman que uno de los imputados hizo un disparo con su escopeta, pero no hay constancia de que el tiro alcanzara a un agente, mientras que los otros llevaban machetes.
Por eso los campesinos no están imputados por homicidio, sino por “tentativa de homicidio”, un delito que según Rachid sanciona “la conducta”, pues mantiene que los campesinos prepararon el choque.
En el enfrentamiento también murieron once labriegos, pero no hay nadie imputado por esas muertes, ni siquiera se ha divulgado ninguna investigación interna de la policía que explicara cómo fallecieron.
Este tipo de fallas no se circunscribe a este proceso, sino que revela la falta de una valoración crítica de las pruebas en ciertos procesos, según dijo a Efe un abogado que trabajó ocho años en los tribunales.
“Este caso pone en evidencia que el sistema judicial paraguayo en causas emblemáticas no se ajusta a los estándares de un juicio justo”, dijo el letrado, cuyas labores incluían redactar sentencias para jueces.
El abogado, quien pidió que no se le identificara, afirmó que las acusaciones responden a veces a presiones de grupos de poder, aunque las pruebas no las sustenten.
En este caso “la derecha quiere encontrar culpables y responsabilidades a como dé lugar”, dijo a Efe otro abogado y exsenador.
Por su parte, las agrupaciones de izquierda entienden la matanza como parte de una conspiración para destituir al entonces presidente, Fernando Lugo, el primer mandatario de fuera del Partido Colorado en 60 años.
A raíz del enfrentamiento, Lugo fue cesado por el Congreso tras un polémico juicio político y sustituido por Federico Franco, del Partido Liberal.
El proceso contra los campesinos tiene lugar en medio de un clima de cuestionamiento del poder judicial por casos de corrupción.
El último es el descubrimiento por parte de la fiscalía de documentos que mencionan la compra mediante sobornos de fallos en la Corte Suprema de Justicia a favor de narcotraficantes, grabados en el ordenador de un miembro de un tribunal de apelaciones.
La defensa de los campesinos ha pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá evaluar si el sistema judicial paraguayo es justo.
