04 ago. 2025

Caso combustibles: nueva imputación contra Suboficial y su esposa

Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Igor Cáceres y Luis Piñánez, formularon imputación contra el suboficial Roberto Osorio Romero, por la supuesta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito en calidad de autor.

Sospechoso.  El suboficial Roberto Osorio es el principal sospechoso del esquema delictivo.

Sospechoso. El suboficial Roberto Osorio es el principal sospechoso del esquema delictivo. Foto: Archivo

Además, la representación del Ministerio Público procesó a Ada Liz Da Rosa, por el ilícito de lavado de dinero.

Los agentes anticorrupción solicitaron al juez penal de garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para Osorio y para Da Rosa medidas alternativas a la prisión, según informaron desde la Fiscalía.

Según consta en el acta de imputación, el Ministerio Público tiene como hipótesis preliminar que Roberto Osorio Romero realizó cuantiosas adquisiciones de bienes muebles y que mantuvo un estilo de vida superior a sus legítimas posibilidades económicas; realizando viajes, pagando seguros y otros tipos de servicios.

Para todo eso utilizaba a su esposa Ada Da Rosa Franco, quien con su nombre hizo gran cantidad de compras de bienes que no condicen con las reales posibilidades económicas de la pareja.

Por otro lado, la imputada no contaba con un empleo formal o estable y, sin embargo, adquirió vehículos entre otros gastos millonarios, lo que hace presumir que en realidad procuraba el ocultamiento de bienes adquiridos por su marido a través del enriquecimiento ilícito en la función pública. La esposa del suboficial Osorio Romero de esa forma queda procesada por lavado de dinero.

Osorio fue imputado el 14 de mayo de 2015 por los supuestos hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, cometidos aparentemente en sus funciones como suboficial de la Policía Nacional y relacionados con un convenio de provisión de tarjetas firmado con la estatal Petropar, donde hubo presuntamente irregulares en la expedición y uso de tarjetas libres en los meses de abril y mayo de 2015.

Los fiscales Piñánez y Cáceres llevaron adelante varias pesquisas que al final permitieron detectar la existencia de un aumento desmedido de bienes del imputado, que sería muy superior a sus legítimas posibilidades.

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