Hace algunas semanas se conoció públicamente en varios medios de comunicación que la abogada Camila Antonella Arámbulo Garibaldi fue imputada por el hurto de una suma importante de dinero a su ex pareja, el periodista argentino Nicolás C. Morás.
El sábado 20 de setiembre, apenas 24 horas después de emitirse una orden de captura por su incomparecencia a la audiencia de imposición de medidas, Arámbulo logró salir del país rumbo a Roma, pese a que la resolución ya estaba cargada en el sistema de la Policía Nacional.
Desde Italia, Arámbulo publicó fotos y videos mostrando un viaje de lujo. Lo más controvertido vino después, debido a que la misma magistrada que emitió la orden, la jueza Ana María Esquivel, del Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré, decidió levantarla basándose en un informe de su ujier, Evelyn Brítez.
Brítez alegó en su informe que no pudo notificar a la imputada porque “carecía del expediente físico”. Sin embargo, el sistema se encuentra completamente digitalizado, algo que la propia ujier debió admitir en un segundo informe. Esta contradicción derivó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes presentada por la abogada del periodista, Noelia Quintana Shaffer.
A este episodio se sumó otro hecho irregular. Tras regresar al país, Arámbulo obtuvo el beneficio de libertad ambulatoria, nuevamente otorgado por la jueza Esquivel, pese a que la Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria y la querella, prisión preventiva. Además del probado riesgo de fuga, la caución presentada por la imputada y su defensor, Fermín Bogado, es considerada inválida por el equipo jurídico de Morás.
En una entrevista realizada a medios de comunicación, su abogada señaló que dicha caución incluiría un certificado tributario vencido y la escritura de un vehículo perteneciente a una persona de la tercera edad que no presentó consentimiento alguno. Al mismo tiempo, afirmó junto a su cliente que cuentan con pruebas contundentes, incluyendo confesiones grabadas con el consentimiento de la presunta autora del hurto, quien supuestamente habría admitido que usó guantes de enfermería para no dejar huellas dactilares y “revolvió” el dormitorio para encontrar la caja de seguridad de su ex novio y la respectiva llave.
En la nota, Morás expresó la profunda contrariedad que le genera encontrarse “amordazado judicialmente”, pese a ser él el denunciante y no estar imputado por ningún delito. Recordando además su condición de periodista y su decisión de apostar por Paraguay como un país para “vivir en libertad”. Un extracto de sus expresiones se viralizó en Instagram llegando a más de 200.000 personas.
A estas alturas, el caso ya había cruzado fronteras. El diario estadounidense La Opinión publicó un artículo firmado por Guadalupe Correa Cabrera, investigadora del Gobierno de Estados Unidos y consultora del Banco Mundial, donde enumeró múltiples irregularidades y mencionó una presunta red de influencias políticas alrededor de Antonella Arámbulo y su abogado, ambos militantes de la ANR.
Correa Cabrera recordó que Bogado fue señalado en el pasado por agredir a un camarógrafo de Telefuturo y hoy está bajo investigación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La experta también subrayó un presunto intento de silenciar al periodista. Según señaló, la jueza de Paz de la Recoleta Elvira Margarita Franco abrió una causa de desacato contra Morás por leer en YouTube la cobertura periodística del caso, sin notificarlo debidamente y demorando su recusación. Correa citó una nota previa de Última Hora sobre un antecedente similar: en 2023 la Corte ya había multado a la jueza Franco, quien acumulaba 11 casos de la misma naturaleza.
Caso conocido a nivel internacional
En una entrevista por videollamada con Christian Vázquez en los medios de comunicación, la analista afirmó desde Washington D.C. que “la Casa Blanca vigila de cerca las redes de corrupción judicial y policial vinculadas al caso Arámbulo”.
Días después, el 18 de noviembre, Paraguay quedó excluido del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y América Latina, del cual sí participan Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
Asimismo, el 24 de noviembre, la abogada Quintana Shaffer presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, luego de que la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo confirmara el fallo de Esquivel y se negara a aclarar la validez de la caución cuestionada.
En paralelo comenzaron a circular versiones sobre una supuesta reunión entre el camarista Dionisio Frutos Serrati, la imputada y la esposa de un funcionario público involucrado, quien habría trabajado con él en el pasado. De haberse producido, sería ilegal. El abogado y periodista Nicolás Martínez Lage afirmó en un reciente informe que varias fuentes judiciales la confirmaron.
Consultado por Última Hora, el diplomático colombiano Omar Bula Escobar –experto de la ONU, formado en Harvard y con 20 años de servicio en el organismo en Europa, África y América Latina– fue contundente: “Me indigna el nivel de impunidad, negligencia y perversión judicial que sufre este caso. No solo revictimiza al periodista Nicolás Morás, sino que pone en tela de juicio el Estado de derecho en Paraguay.”
El sorteo asignó el recurso de casación al ministro de la Corte Suprema Luis María Benítez Riera, quien deberá pronunciarse como preopinante.
