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Caso abuso: Fiscalía afirma que colegio omitió entregar dos horas de grabaciones

La Fiscalía afirma que el colegio privado, en donde ocurrió el presunto abuso sexual a un niño de seis años, omitió entregar dos horas de grabación de las cámaras de circuito cerrado, justamente en los horarios en que habría ocurrido el hecho.

La Fiscalía investiga el abuso en colegio ocurrido presuntamente el 26 de abril entre las 14:00 y las 16:00 en el interior de un colegio privado de Lambaré. En ese sentido, la fiscala Myriam Rodríguez asegura que la institución educativa omitió dos horas de grabación de las cámaras de circuito cerrado.

Informó este sábado en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que solicitó en su oportunidad al centro educativo documentaciones y una copia de las cámaras de circuito cerrado que apuntan a todos los baños de la institución, en el rango horario de 08:00 a 16:00.

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Sin embargo, indicó que el colegio respondió al pedido adjuntando un pendrive conteniendo imágenes del circuito cerrado comprendido en el horario de 6:00 a 14:00.

Ante esa situación, se produjo la constitución del Ministerio Público en la sede educativa a los efectos de extraer esas dos horas que faltaban, teniendo en consideración, que la madre de la víctima había denunciado que el hecho se produjo entre las 14:00 y las 16:00 en uno de los sanitarios de la institución.

"Quedó instalado un pendrive que por 18 horas debía grabar y al constituirnos para retirar esas imágenes el perito de la institución nos manifestó que hubo un error técnico y que solamente se procedió a grabar 30 minutos de todas las filmaciones y eso originó el allanamiento por parte del Ministerio Público a la institución", agregó.

El perito del colegio alegó que el supuesto "error técnico" se produjo porque las imágenes habían sido grabadas con un ancho de 72 pulgadas y eso hacía que el archivo sea muy pesado y haya agotado la memoria del pendrive que dejó la Fiscalía.

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Esto, pese a que la Fiscalía dejó instrucciones y códigos de acceso a los efectos de ir reduciendo esas pulgadas a fin de que los archivos sean totalmente grabados en ese soporte de disco duro.

"Para la tranquilidad de toda la ciudadanía y de todos aquellos que están atentos a este caso, el Ministerio Público ya tiene todas las imágenes del circuito cerrado de ese día, en el allanamiento de ayer pudimos recabar todo eso", aseguró la fiscala Rodríguez.

También mencionó que es un "entorpecimiento a la investigación" la actitud de las autoridades de la institución, teniendo en cuenta que esas cámaras son fundamentales para la obtención de la identidad de los supuestos agresores.

Las imágenes de circuito cerrado serán peritadas en el transcurso de la mañana de este sábado. La fiscala se reservó a brindar informaciones de los sospechosos del hecho.

Colegio denunció el abuso sexual recién el viernes

Por otra parte, Myriam Rodríguez explicó que la causa está a su cargo desde el 27 de abril tras la denuncia formulada en la Fiscalía de Lambaré.

Mencionó que el colegio denunció al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un presunto caso de "acoso escolar entre pares" el 5 de mayo pasado y que recién este viernes al mediodía, tras un allanamiento a la institución, comunicaron el abuso sexual.

Rodríguez mencionó que el colegio debía comunicar primeramente el hecho a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), dependiente de la Municipalidad de Lambaré, a la Defensoría de la Niñez y a las autoridades judiciales en un plazo no mayor de 72 horas.

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La representante del Ministerio Público dijo que manejan la información de que las autoridades del centro educativo no brindaron apoyo ni contención a la víctima.

Anunció que eventualmente la directora, la coordinadora y una docente serán imputadas por el presunto hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal.

Para la mañana de este sábado fueron convocadas para prestar declaración testifical varias personas en calidad de testigos, entre la que se encuentra la médica pediatra.

Los nombres del colegio y de los presuntos implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.

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