Uno de los temas principales es la política económica de nuestro país, teniendo en cuenta que arrastramos una deuda pública de más de USD 15.000 millones, lo que deriva en un bicicleteo a largo plazo y en menos margen para inversiones en áreas clave como salud, educación e infraestructura en general. Tampoco están aseguradas las anheladas inversiones extranjeras de calidad, ya que la reputación de Paraguay aún no alcanza los óptimos estándares de las calificadoras de riesgo. En ese sentido, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica analiza no solo la estabilidad macroeconómica, sino además las amenazas de actividades ilícitas.
En cuanto a la economía del hogar, persisten las consecuencias de la pandemia del Covid-19, que no solo enlutó a centenares de familias, sino que precarizó aún más el empleo. En paralelo a los pequeños y medianos negocios que pelearon por mantener a sus trabajadores, hay empresas que se aprovechan para exprimir a sus empleados con contratos paupérrimos ante la mirada indiferente del Ministerio del Trabajo, que se ocupa más en ostentar datos cuantitativos que no explican los graves contextos.
Además, la línea conservadora y autoritaria que destila el Gobierno colorado invita a la impunidad a cualquier empresariado prepotente que oprime a su plantel de trabajadores.
Recursos. Recientemente expertos hablaban también del caudal de recursos provenientes de Itaipú para gastos sociales, que fácilmente pueden caer en la corrupción ante la falta de transparencia en su ejecución. La politóloga y activista, Cecilia Vuyk, habla en un sentido amplio del manejo de la Binacional y va más allá de la revisión del Anexo C con el Brasil. Ella plantea trabajar en el efectivo aprovechamiento del 50% de la energía que corresponde a Paraguay, de manera a contribuir al desarrollo local, esto permitirá tener fondos que deben ingresar al Presupuesto General de la Nación, de tal forma que se pueda hasta triplicar la inversión en salud y educación, todo esto sin descuidar la soberanía del país.
Las desigualdades es otro punto bastante ignorado por la ANR, que de hecho aprovecha esta situación para mantener a su electorado preso en sus migajas. De esto se encargan las seccionales coloradas prácticamente de forma permanente, pero se acentúa sobre todo en temporada de elecciones cuando los propios candidatos incluso utilizan los bienes estatales para captar votos.
También está la desigualdad de género que evidencian algunos estudios. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística indica que en promedio el salario de los hombres supera al de las mujeres por G. 500.000 en el área urbana y casi G. 650.000 en el área rural, según los datos del 2021, pero además la tasa de desocupación afecta mucho más a las mujeres. Pero el factor económico es apenas uno de los problemas que enfrenta la población femenina. Los diferentes tipos de violencia de género persisten en todos los espacios y en su forma más grave muestran casi 30 feminicidios en lo que va del año.
Es un problema social que parte desde la propia estructura estatal basada en un modelo patriarcal y que se visibiliza fuertemente en las políticas públicas. Ningún caso de éxito, por ejemplo, puede esconder la prohibición que rige en las escuelas para hablar con perspectiva de género, una herramienta que permite entender las asimetrías para tratar de corregirlas, de manera a que las personas, sin importar el género puedan gozar de los mismos derechos, desarrollarse y al mismo tiempo aportar más y mejor a la economía en diferentes dimensiones.
