La licitación 353695, cuya resolución de adjudicación data de diciembre de 2018, fue para la adquisición de una planta de agua y se resolvió otorgar a la empresa Caval SA, la que se halla en la ciudad de Areguá.
Lo llamativo es que la empresa Caval no se dedica a la importación de esta máquina, sino más bien es una casa de lubricantes, según los datos.
En los registros telefónicos de empresas de lubricantes, el número de la contratista coincide con la que concursó junto a otras empresas por la provisión de la planta de agua, quedando finalmente adjudicada por la Gobernación.
El segundo punto que resalta dentro de este contrato es que el dueño de la firma Caval, Sergio Castillo, es nada menos que el hijo del encargado de Recursos Humanos de la Gobernación de Alto Paraguay, Claudio Castillo Aguilera. Corroboramos con una llamada telefónica si el beneficiario del contrato era dueño de la casa de lubricantes y fue así. Otro dato no menos importante es que el comité de evaluación que redactó el documento de adjudicación, en su parte resolutiva, da cuenta de que se optó por Caval Consultora al ser la única empresa que presentó una oferta razonable para la Gobernación, además de tener supuestamente todos los documentos en regla.
En dicho comité aparece como uno de los evaluadores Claudio Aguilera, padre del que fue adjudicado, según documento que obra en el historial de la licitación.
Así resulta claro que en el caso de la Gobernación y en esta compra en particular, no se tuvieron en cuenta los criterios legales de igualdad y libre competencia, que estipula la ley de contrataciones, sencillamente porque quienes diseñaron el pliego de bases y condiciones y estuvieron en el comité de evaluación tienen nexos familiares con el dueño de la firma contratada.
LISTA. La compra de la planta al hijo de uno que integra su gabinete no es el único hecho llamativo dentro de la administración del gobernador Adorno. El empedrado de Puerto Casado que se construyó en 2019 y ya tiene problemas costó G. 1.500 millones con un sobrecosto del doble dado que la empresa contratista en otros municipios presentaba otro precio.
800
millones de guaraníes es el valor de una planta purificadora de agua, según el contrato con la Gobernación.
