En el documento que no se tuvo en cuenta por los senadores, la Procuraduría aconseja excluir a las organizaciones que administren fondos privados y a las que destinen prestaciones a entes de economía mixta. “En razón de que se justificaría un control sobre la administración de fondos públicos destinados a las organizaciones sin fines de lucro”, expone en análisis técnico.
La Procuraduría corresponde al Poder Ejecutivo y, por tanto, se espera sea la línea que Santiago Peña deberá asumir, contraria a la que defiende el cartismo en el Congreso, encabezados por los senadores Basilio Núñez y Lizarella Valiente.
El dictamen propone excluir también del alcance de la ley a los organismos y organizaciones internacionales que administren fondos privados.
“La razón de esta consideración radica en que se produciría una asimetría regulatoria sobre este tipo de organizaciones (siempre que administren fondos privados) respecto de otro tipo de sociedades o personas que administran fondos privados”, subraya.
El dictamen incluso sugiere una reducción de las multas, ya que la ley prevé sanciones millonarias.
El documento está firmado por el procurador Marco Aurelio González.
La normativa tiene en alerta a toda la sociedad civil, que denuncia un intento de mordaza y quiebre democrático en el gobierno.
