Con una nota, en la que se plasmaron 20 firmas de los senadores del sector y sus aliados, se confirmó la convocatoria a sesión extraordinaria para el lunes 8, a las 14:00, como único punto.
Bachi dio la palabra a su sucesor en el liderazgo de bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, para que informe sobre la presentación.
“Señor presidente, le hacemos un pedido para sesión extraordinaria, el lunes, con la firma de 20 senadores”, dijo Chase, casi en modo protocolar, ante la prensa.
Luego hizo referencia al tratamiento del proyecto de control a las oenegés, como único punto de la convocatoria.
“Contempla tres ejes principales: la transparencia, rendición de cuentas y el control de todas las organizaciones sin fines de lucro”, indicó.
“Lo más importante, cuando existe financiamiento que esté relacionado con el tratamiento de leyes, medidas o políticas relacionados con los diferentes estamentos, tengan un control, rendición de cuentas y se pueda tener acceso a toda la ciudadanía a todos esos datos”, manifestó Chase.
“La propuesta que nosotros planteamos es lo que conocemos y seguramente ahí podrán colaborar si tienen una propuesta diferente”, refirió en defensa de la iniciativa.
“El pedido de extraordinaria firman 20 senadores. Creo que vamos a tener el cuórum necesario y votos necesarios para aprobar el proyecto de ley que presentó nuestra bancada”, concluyó el cartista.
EN PIE DE GUERRA. Un par de semanas atrás, la Comisión de Legislación había invitado a referentes de distintas oenegés, quienes en su mayoría cuestionaron la propuesta.
En esa ocasión, el titular de Legislación, Derlis Maidana, reconfirmado para seguir en este periodo, había indicado que aún no dictaminarían.
En el orden del día que ya figura en la página web del Senado, figura que hay dos dictámenes: uno, que aconseja modificaciones al proyecto, y otro, que plantea el rechazo.
En cuanto a las posturas de las oenegés, Agustín Carrizosa refirió que es una copia de la ley rusa, que se implementa en Nicaragua, Venezuela y Perú, con repercusiones negativas para el sector.
El liberal Martín Burt, de Fundación Paraguaya, había reclamado que la fortuna de Horacio Cartes ni qué hace con su dinero no están en el proyecto, así como tampoco los fondos de Itaipú.
María Victoria Rivas había sugerido que se retire la ley, que se trabaje en un marco regulatorio para el fortalecimiento de la sociedad civil, y que no se apunte al debilitamiento o aniquilamiento de las organizaciones.
Ezequiel Santagada había indicado que se apuntaba al cierre de las organizaciones, modificando de facto el artículo constitucional que tiene que ver con la participación.
Algunos senadores de la oposición, como Eduardo Nakayama y Rafael Filizzola, quienes estaban también presentes, coincidieron que la normativa es inconstitucional.
Nakayama específicamente consideró que se podría repetir el papelón de lo que ya se dio con el convenio con la Unión Europea, que el cartismo propuso derogar, pero al final terminó reculando.
Preocupación de gremios empresariales y organizaciones
Miembros de la sociedad civil y gremios empresariales convocan a una conferencia esta mañana a las 10:00, con el fin de expresar su preocupación respecto al proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Este proyecto ya ha recibido dictamen favorable de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo.
Los mismos observan con preocupación que se haya emitido esta dictamen sin consultar a los órganos del Poder Ejecutivo que tendrían intervención directa en caso de promulgarse la ley.
Mencionaron que de ser aprobado, este proyecto podría tener repercusiones negativas significativas para los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de nuestro país, pilares esenciales de una nación próspera y estable.
La sociedad civil considera que las regulaciones propuestas en este proyecto de ley representan una amenaza para alcanzar el grado de inversión, ya que limitarían la libertad de asociación, un derecho fundamental protegido por la Constitución e impondrían cargas administrativas desproporcionadas sobre las organizaciones sin fines de lucro. Esto afectaría su operatividad, debilitaría el tejido social y restringiría la participación, mencionaron.
