La situación del senador colorado Erico Galeano se mantiene en el debate con relación a su permanencia en la Cámara Alta. Sobre el punto, el politólogo Eduardo Valiente afirmó que no ve un escenario de blindaje corporativo para este caso, ya que el parlamentario se distanció de la bancada oficialista meses atrás.
“Eso reduce posibilidades de protección. El oficialismo tiene más razones para promover su salida, ya que con eso podría recuperar una banca con el juramento de la suplente Guadalupe Aveiro. El verdadero obstáculo no es la voluntad política del oficialismo, sino la necesidad de alcanzar los 30 votos para la pérdida de investidura, que es un consenso que implica negociaciones entre distintas bancadas”, refirió.
“A mi parecer, la intención de expulsión existe, pero el ritmo del proceso va a depender de la capacidad de articular mayorías y de la decisión personal de Erico Galeano de renunciar o resistir”, aseveró a ÚH.
El analista afirmó que lo mejor sería la renuncia de Erico para evitar un desgaste innecesario al Senado.
“Lo que corresponde es que el propio senador presente su renuncia para no arrastrar al Senado a un desgaste prolongado e innecesario. Si no lo hace, la pérdida de investidura se tiene que activar para preservar la legitimidad de la institución. Un parlamentario con una condena tan grande no puede seguir legislando sin afectar la credibilidad del Senado”, manifestó.
JUSTICIA VS. POLÍTICA. Mayra Galeano, analista política, afirmó por su parte que en estos casos se cruzan dos lógicas: la judicial y la política, donde la decisión del Senado termina siendo una prueba sobre hasta dónde las instituciones están dispuestas a proteger la credibilidad del sistema democrático.
“La condena al senador Erico Galeano en el marco de la causa A Ultranza Py coloca al Congreso paraguayo frente a una prueba institucional relevante. Aunque la sentencia aún no esté firme, el caso vuelve a plantear el debate sobre cómo responden las instituciones cuando una causa judicial alcanza a un miembro del Parlamento”, afirmó.
A diferencia de Valiente, la politóloga planea otro escenario, donde la expulsión de Erico Galeano dejará un precedente que puede afectar a los legisladores del oficialismo.
“En Paraguay, como en muchos sistemas políticos, estos procesos suelen moverse en una zona donde lo jurídico y lo político se superponen. Los Parlamentos tienden a reaccionar con cautela cuando uno de sus miembros enfrenta situaciones judiciales complejas, en parte por dinámicas internas de partido y también por una lógica corporativa que busca evitar precedentes que luego puedan afectar a otros legisladores”, consideró.
“Además, este tipo de casos suelen adquirir mayor intensidad en momentos políticamente sensibles, especialmente en contextos preelectorales, donde la presión mediática y de la opinión pública se vuelve más fuerte”, explicó.
JUSTICIA POLITIZADA. Para la politóloga Selva Castiñeira, una defensa corporativa en favor de Erico dejaría en evidencia la corrupción que existe en el Senado y en el país.
“Aunque existiera un cooperativismo para no apartarlo del cargo, dejaría en evidencia una vez más que la Justicia se encuentra politizada y seguiríamos siendo eternamente señalados como un país corrupto que no va de la mano con el intento de un país de crecimientos y oportunidades si no demostramos garantía jurídica”, advirtió.
Afirmó que corresponde que Erico Galeano presente su renuncia, ya que ya no cuenta con la legitimidad del poder al no respetar el Estado de derecho.
“Cuando un representante del Estado asume un cargo público, realiza un juramento mediante el cual se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Este acto no es solo una formalidad protocolar, sino un compromiso ético y político con la ciudadanía que le ha otorgado su confianza a través del voto. En una democracia, la legitimidad del poder no se sostiene únicamente en la voluntad popular, sino también en el respeto irrestricto al Estado de derecho”, remarcó.
Por ello, cuando la Justicia detecta irregularidades en la conducta de un mandatario y estas son debidamente demostradas con fundamentos jurídicos, resulta incompatible que dicha persona continúe ocupando un cargo público”, explicó.
La analista finalmente señaló que la confianza ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de la representación política y cuando esta se pierde, la ciudadanía debe exigir la renuncia o el apartamiento del cargo de las autoridades.
CUESTIÓN DE LA JUSTICIA. La semana pasada Santiago Peña, presidente de la República, evitó opinar sobre la situación de Erico Galeano. “Es una cuestión de la Justicia”, se limitó a responder ante la consulta sobre la condena.
Esta semana se conocerá si los legisladores oficialistas mantienen la misma línea que el jefe de Estado o deciden tratar una pérdida de investidura contra el senador.
Dilema en torno a 23 o 30 votos
El 20 de diciembre de 2023, la Cámara de Senadores aprobó las modificaciones de su reglamento interno para que las pérdidas de investidura se produzcan recién con 30 votos (mayoría absoluta de dos tercios) y no con 23.
No obstante, solo dos meses después, la Cámara Alta expulsó a la senadora Kattya González con 23 votos.
Rafael Filizzola, senador por el PDP (opositor), afirmó que si bien el reglamento de 30 votos sigue vigente, esto no es respetado por el oficialismo, por lo que para la pérdida de investidura de Erico Galeano solo serán necesarios 23 votos.
- Los Parlamentos reaccionan con cautela cuando uno de sus miembros enfrenta situaciones complejas. Mayra Galeano, politóloga.
- El oficialismo tiene más razones para promover su salida, ya que con eso podría recuperar una banca. Eduardo Valiente, politólogo.
