El cartismo operó fuertemente en este periodo en la Cámara de Diputados para proteger los intereses de su entorno político y empresarial y una muestra de este hecho es la resistencia que tuvieron dos proyectos de leyes que reforzaban el control para evitar el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
El primer proyecto fue el presentado por el liberal Édgar Acosta, que establecía a los clubes de fútbol y a las tabacaleras como sujetos de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La normativa no pudo pasar de Diputados porque fue rechazada.
El segundo proyecto fue presentado por la Contraloría, que establecía varios ajustes a la ley de declaraciones juradas de bienes y rentas, entre ellos, que las inconsistencias fueran derivadas al Ministerio Público, pero en Diputados fue modificado, con el fin de que los “olvidos” no sean penalizados, pudiéndo simplemente rectificarse.
En este caso, el cartismo no tuvo éxito ya que el Poder Ejecutivo vetó el artículo y la objeción fue aceptada en el Congreso. Sin embargo, las omisiones de datos de los bienes de igual manera están sujetas a rectificaciones, aunque pueden ser derivadas al Ministerio Público para su investigación.
Estas medidas políticas pudieron haber contribuido a la falta de transparencia y control en muchos casos, principalmente en el proceso abierto del diputado Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
Fútbol. Erico estuvo involucrado en el caso Sebastián Marset, líder de la organización desbaratada en el Operativo A Ultranza Py, y es sospechoso de ser autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El uruguayo fue jugador en 2021 del Deportivo Capiatá, donde Galeano era presidente.
El cartismo impidió que Seprelad controle a los clubes de fútbol.
Tabacalera. Seprelad informó sobre compras irregulares entre Mercury Tabacos SA y Estación Alpina SA, asociadas a Galeano, con Tabacalera del Este SA (Tabesa) y Cartes, ante la sospecha de una posible red transnacional de administración de empresas para la colocación de dinero en efectivo presumiblemente del negocio de contrabando de cigarrillos, según hipótesis de Seprelad.
El cartismo impidió que Seprelad controle a las tabacaleras.
Las omisiones de Erico. Cuando en 2018 Erico asumió como diputado y presentó su declaración de bienes y rentas, que es obligatoria por ley, omitió una gran cantidad de bienes. “Yo no me beneficié con alguna plata con estas omisiones, no le jodí al Estado, la ley dice que una declaración jurada cuando se omite algo no es un delito, desde el momento que yo puedo rectificar”, se defendió Galeano.
El diputado de Honor Colorado “olvidó” incluir en su declaración jurada: la venta de una mansión del complejo Aqua Village (que quedó en poder del clan Insfrán), una avioneta, 12 cuentas bancarias, cinco lotes de Isla Pucú (Cordillera), una transferencia de USD 2.250.000 a Cartes, entre otras.
Imputado y con fueros. El cartismo también maniobró para blindar a Erico con sus fueros de parlamentario. Tras ser imputado por lavado de dinero y asociación criminal, se aprobó su desafuero en Diputados, pero ese día, la Justicia Electoral emitió la resolución de proclamación a las autoridades electas, adelantando la fecha del acto, por lo que Erico se convirtió en senador electo y volvió a ganar fueros. Con ello, se impidió que se ejecute la orden de prisión que fue solicitada por la Fiscalía.
Erico plantea doble chicana y apela audiencia para recurso
La defensa del diputado Erico Galeano volvió a apelar ayer la resolución del juez por la que se fijó audiencia para esta mañana a las 08:15, donde iba a estudiar el recurso que promovió contra la admisión de la imputación. Es algo pocas veces visto.
Con ello, esta mañana, habrá que ver qué hará el juez de Crimen Organizado Gustavo Amarilla con respecto a este nuevo recurso de reposición que promovió la defensa.
Es que iba a estudiar, desde las 08:15, la apelación de la defensa del diputado y senador electo contra la admisión de la causa. En las otras dos excepciones, espera la respuesta del Ministerio Público.
En la diligencia solo deben estar los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, ya que se iba a sustanciar el recurso de reposición y apelación en subsidio presentado. No estará el legislador colorado.
Además, fueron citados los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, quienes habían requerido la prisión preventiva para el procesado congresista colorado.
Lo que se pide es que el mismo juez, Gustavo Amarilla, revoque su propia resolución por la que admitió la imputación en contra de Galeano. En caso de que se rechace el pedido, deberá darle trámite a la apelación, con lo que se deberá enviar al Tribunal de Alzada.
Según la defensa, la imputación no cumple con los requisitos legales, ya que no describe cuál es la participación del congresista en los hechos punibles imputados, en este caso, lavado de dinero y asociación criminal.
Además, apunta que el mismo cuenta con fueros tras ser electo senador, por lo que existe un obstáculo legal para que se admita la causa en su contra, sin que antes se le quiten los fueros.
OTROS PEDIDOS. Con respecto a las excepciones de falta de competencia del juez, y de falta de acción, Amarilla le corrió traslado al Ministerio Público para que lo conteste, para luego resolver la cuestión.
Sobre la incompetencia del magistrado, dice que el Senado es el juez de primer grado que debe autorizar al magistrado, que es de segundo grado, para la apertura del proceso penal, lo cual no se dio en este caso.
Además, argumentan que existe falta de acción (sin derecho para solicitar), explican que existe un impedimento legal para iniciar el proceso, por los fueros.
Sostienen que el 19 de mayo pasado, cuando hubo la imputación, Galeano era diputado, pero cuando el juez admitió la causa, el 25 de mayo pasado, ya había sido proclamado senador y tiene nuevos fueros.
