El titular del Congreso, el cartista Basilio Bachi Núñez, adelantó a ÚH que esperan el dictamen de Sergio Godoy, asesor de la presidencia del Congreso, para definir oficialmente la versión que van a impulsar del proyecto de Ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, la postura de excluir a estos últimos ya no tiene vuelta atrás; el problema es que no tienen respuesta sobre cómo resolver que esta modificación del proyecto estaría incumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado paraguayo en el caso Santiago Leguizamón, que establece que la ley proteja a periodistas y personas defensoras.
Bachi explicó que la bancada de Honor Colorado va a debatir sobre este asunto el próximo lunes, ya que el proyecto ingresa en el orden del día del 29 de octubre, y que todavía no se adentró en la ley. “Ellos le defienden a los criminales”, manifestó el presidente del Congreso al explicar el motivo, entre otros, por el que quieren sacar del sistema de protección a este sector.
Ante la consulta de cómo harían para cumplir la sentencia de la Corte IDH, que pide explícitamente incluir a personas defensoras, respondió que se debe “legislar con soberanía”, con lo que deja abierta la posibilidad, efectivamente, de no cumplir con el mandato internacional.
El parlamentario indicó que el modelo chileno de la norma es el que más les convence, ya que este no incluye a personas defensoras. El proyecto en Chile recién fue aprobado por una cámara legislativa, por lo que todavía no es ley.
Mencionó que si bien en Colombia y México sí ya existen leyes al respecto y que se incluyó tanto a periodistas como a personas defensoras, estos países no tienen la misma realidad que Paraguay. “No es igual la realidad de México y Colombia, donde periodistas son asesinados cada mes y hay cárteles de droga”, remarcó.
Por otro lado, Bachi subrayó que el otro cuestionamiento es la representatividad del mecanismo de protección que crea la ley, por lo que quieren hacer cambios al respecto, pero no aclaró cuáles.
“Queremos una ley aplicable; hace dos años está este proyecto, debemos definir quiénes son periodistas, comunicadores, incluir a todos los que trabajan en prensa como camarógrafos y otros, y también a sus familiares”, añadió.
Finalmente, insistió en no incluir a defensores. “¿Quién va a dar credencial de derechos humanos?”, increpó. El proyecto fue postergado para definir modificaciones.
La sentencia de la Corte IDH incluye a defensores
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hace mención explícita de la obligación del Estado paraguayo de crear una ley de protección tanto a periodistas como a personas defensoras, en la sentencia del 2022 del caso Santiago Leguizamón.
“La Corte considera necesario ordenar al Estado que impulse la aprobación del Proyecto de Ley ‘sobre Libertad de Expresión, Protección a Periodistas, Trabajadores de Prensa y Defensores de Derechos Humanos’, que actualmente se encuentra en trámite o de un proyecto de ley de contenido similar sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos”, expresa textualmente la sentencia.
Este es el punto central de debate que se abordará en el Senado el 29 de octubre.
Organizaciones internacionales critican dilación del estudio del proyecto de ley
Varias organizaciones internacionales expresan su preocupación por la dilación del estudio del proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el Senado en medio de un clima de hostigamiento a la libertad de expresión.
IFEX para América Latina y el Caribe, publicó en su cuenta de X que “lamenta la postergación del debate sobre la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dado el contexto de ataques constantes contra la prensa”.
IFEX es una red de conocimiento en materia de libertad de expresión constituida por más de 120 organizaciones, en 90 países, comprometidas con la colaboración y la incidencia transformadora.
También se sumó a los pronunciamientos internacionales la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que lamentó que el Senado haya postergado el proyecto, e instó a su aprobación.
Remarcó en su comunicado que es urgente “que el Estado cuente con una herramienta legal que brinde protección fehaciente ante las constantes agresiones y amenazas que sufren las trabajadoras y los trabajadores de prensa en todo el país y que ponen en claro riesgo la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho al trabajo digno y al acceso a la información”.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) reclamó que el oficialismo no le dé importancia al compromiso que hizo en instancias internacionales y pidió “medidas efectivas para proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar”.
