Remiendos por todos lados surgen de las propuestas de varios referentes cartistas para saldar la crisis generada por la inexorable derogación al convenio con la Unión Europea (UE) para el financiamiento del proyecto de transformación educativa, además de las serias repercusiones en el relacionamiento del Paraguay a nivel internacional.
Tras la ratificación en Diputados sobre rechazar la donación de G. 110.000 millones, el Senado tiene la última palabra y es casi seguro que no se alcanzan los 30 votos necesarios para oponerse a la derogación.
Se habla de varias posibilidades para no dejar al Ministerio de Educación sin fondos: un nuevo convenio, una adenda, reajustes presupuestarios y hasta el despido de 30.000 funcionarios, que deberán pagar el pato ante las consecuencias de una acción política.
El senador Basilio Bachi Núñez dijo que se va a derogar el convenio y van a volver a llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Desde su criterio, todo se soluciona con “mejorar el gasto público” y por eso piensan en desvincular a los trabajadores del Estado. “Este Gobierno metió 70.000 funcionarios, vamos a sacar 30.000, y en vez de tener planilleros vamos a llevar eso a los niños”, sostuvo.
Por otro lado, el vicepresidente electo, Pedro Alliana, habla de una adenda, lo que no quedó claro ni entre los referentes cartistas debido a que esa figura no puede llevarse a cabo sobre un documento ya derogado.
Alliana dijo también que están buscando una solución por la vía diplomática, a través de la Cancillería. Comentó que el pasado lunes se reunió con el canciller actual, Julio César Arriola; el futuro canciller, Rubén Ramírez; Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, y el encargado del proceso de transición, José Alberto Alderete.
La dupla de Santiago Peña detalló que esta reunión fue para buscar un nuevo acuerdo, sin embargo, esto tampoco quedó claro porque Latorre señaló que no hablaron del tema en esa reunión, y que solo se tocó el conflicto con Argentina por el peaje impuesto en la hidrovía de forma unilateral.
El titular de Diputados dijo que en realidad lo que se busca es un nuevo acuerdo, o nuevo convenio, con la Unión Europea y no habló del tema de la adenda.
Sobre la propuesta de Bachi, dijo que habrá reestructuración del Estado, pero no despidos.
“Estamos abiertos a un nuevo convenio con la Unión Europea, lo único que solicitamos es que sea respetando nuestros principios y nuestra soberanía así como nuestros intereses económicos como nación”, expresó Latorre.
Lo cierto es que en cuanto a relaciones internacionales, que ahora están en tensión, el escenario no es tan fácil y simple como generar un nuevo convenio.
La UE indicó que la derogación constituiría un incumplimiento de un compromiso internacional y repercutiría en las relaciones y en desembolsos a futuros proyectos de cooperación.
Sobre el presidente electo, Santiago Peña, quedará resolver las crisis con las diferentes naciones y, además, a nivel local el desfinanciamiento al MEC, que tiene cubierta la alimentación escolar hasta el 11 de setiembre, y deberá buscar la forma de cubrir el gasto hasta fin de año.
