La decisión política es considerada como un grave a la transparencia y al derecho a la información pública.
El Poder Ejecutivo había objetado el inciso G, del artículo 10, por considerar inconstitucional. El argumento es que viola el derecho a la intimidad y colisiona con el secreto de datos estadísticos que maneja el Instituto Nacional de Estadística.
El mencionado artículo pretendía que los ciudadanos puedan acceder a información sobre beneficiarios de tierras públicas, rurales o urbanas. Además, sobre subsidios a transporte público; el manejo del billetaje electrónico. Además, de cifras de índice de seguridad, informes de DDHH, deuda pública. También información sobre contrataciones públicas, mencionando montos, empresas que fueron adjudicadas; así como procedimientos administrativos; informe anual sobre derechos humanos.
grave. El senador Rafael Filizzola cuestionó duramente la decisión de sus pares del oficialismo y sus aliados.
“Grave ataque a la transparencia y al derecho a la información pública. Acaban de enterrar la ley que pretendía un enorme avance en materia de información pública. Votaron con suficiente mayoría para aceptar el veto parcial y un minuto después se desentendieron para promulgar la parte no objetada”, señaló el legislador.
