Las organizaciones vienen alertando sobre las consecuencias que puede tener la conocida como “ley garrote” contra las oenegés en diferentes aspectos. En este caso, destacaron el impacto económico que puede desencadenar la consolidación de un camino hacia instituciones excluyentes.
“Señor presidente, instamos a vetar este proyecto de ley en su totalidad”, es el pedido del sector a Santiago Peña, quien tiene la posibilidad de promulgar o vetar la normativa sancionada en el Congreso Nacional.
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En su argumento hicieron referencia a la obra de Daron Acemoglu y James Robinson, galardonados hace pocos días con el Premio Nobel de Economía.
En su obra Por qué fracasan las naciones, sostienen que las naciones que consolidan instituciones inclusivas, donde el poder político y económico es distribuido de manera amplia, tienden a prosperar, a diferencia de las excluyentes que concentran el poder en una élite, en que el crecimiento se detiene y la desigualdad aumenta.
“Hoy, Paraguay se encuentra en un punto de inflexión: Avanzamos hacia la consolidación de instituciones inclusivas o corremos el riesgo de caer en la trampa de instituciones que perpetúan la exclusión y la desigualdad”, reflexionan las organizaciones.
En este grupo se encuentran Desarrollo en Democracia, la Asociación de Empresarios Cristianos, la Asociación de Ex becarios del Programa Becal, Idea Ambiental, Asociación de Emprendedores de Paraguay, y la Federación y Asociación de Mipymes, que junto a otras organizaciones suman 23 las que emitieron el comunicado.
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Recuerdan el informe de la calificadora Fitch Ratings, que aún no otorga el grado de inversión a Paraguay y que señala el avance de la ley como una preocupación.
Así también, mencionan que una de las directoras asociadas a la calificadora Standard & Poor’s destacó la importancia de la sociedad civil como un contrapeso frente a los poderes del Estado, en un evento público realizado en Paraguay.
En ese sentido, limitar su capacidad de operar de forma independiente no solo debilita el equilibrio, sino que además pone en riesgo la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
“Paraguay ha sido protagonista de un importante logro, como el reciente grado de inversión otorgado por Moody’s, que nos llena de orgullo y refleja el esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado. Sin embargo, esta posición privilegiada puede estar en peligro si el Gobierno no toma medidas para proteger la institucionalidad democrática”, destaca.
La “ley garrote” fue sancionada el 9 de octubre en el Senado, aunque se incorporaron modificaciones respecto al proyecto original. Los opositores del Congreso y las organizaciones sin fines de lucro advierten que mantienen el espíritu de perseguir a los espacios que critiquen al Gobierno.
