Carlos Núñez Agüero, senador oficialista, volvió a insistir en pedir a Santiago Peña la destitución de Enrique Riera, ministro del Interior.
A esto, sumó el pedido de que también sea destituida María Teresa Barán, ministra de Salud.
“Deja mucho que desear su actuación. No podemos decir que ella está para recaudar, pero por qué no se interesa en los hospitales públicos en donde no hay remedio. Uno porque es humilde, porque es pobre únicamente va a acudir a un hospital público. Le atiende el médico, le da una receta que tiene que ir a comprar porque no hay medicamentos”, expresó.
Lamentó que la ciudadanía de escasos recursos deba acudir al Estado, pero finalmente deba comprar los medicamentos.
“Quiero saber qué tiene el presidente de la República con esta ministra que tanto le mantiene; como a Enrique Riera, de quien sabemos que es el peor ministro que tenemos en este momento. Que las comisarías se caen a pedazos. No habla, no pide presupuesto, no pide nada. La Comandancia (se) mudó acá en un edificio donde entra agua y se cayó el techo sobre el comandante recientemente”, comentó.
Dijo que Riera mudó al comandante para tenerlo como “secretario privado y ordenarle cambios aquí y allá”.
“Se habla que hay cobros, pero yo no estoy seguro, para los traslados; yo no estoy seguro, pero todos saben. La seguridad cada vez más va a empeorar”, enfatizó.
La Cámara de Diputados analizó ayer el proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima - Copaco SA, a instituciones del Estado”, presentado por el diputado José Rodríguez.
Sin embargo, no fue asumida una posición oficial teniendo en cuenta la complejidad del documento y la necesidad de un amplio debate, con estudio técnico y participación de todos los sectores involucrados, especialmente aquellos directamente relacionados.
El líder de la bancada oficialista, Miguel Del Puerto, adelantó que será organizada una mesa técnica de trabajo con el fin de evaluar detalladamente todos los aspectos. Ante este escenario, pidió postergar el proyecto por 15 días, lo que fue acompañado por sus colegas.
El diputado Rubén Rubin dijo que el proyecto ya fue debatido en diferentes instancias, e incluso comentó que han conversado con representantes del Ministerio de Economía al respecto.
“Manifestaron no estar de acuerdo. Es más, después de tantos datos, señalaron que no es la solución”, agregó.
Sostuvo que es importante “seguir barajando posibilidades” y que claramente “no tiene sentido seguir sosteniendo una larga cantidad de funcionarios cuyas empresas trabajan a pérdida, sin pagar IPS, ANDE, ESSAP, DNIT, impuestos municipales, etc.”, dijo.
“Si no fuesen empresas estatales, no estarían operando”, sentenció. El proyectista, José Rodríguez, se solidarizó con los funcionarios de la empresa y enfatizó que existen varios mecanismos para realizar un traslado definitivo a otras instituciones públicas.
