Mesa difundió este miércoles una carta enviada a Guterres en la que destaca la “agenda de paz social y reconciliación” que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia tras la crisis vivida en el país en 2019, como consecuencia de las fallidas elecciones generales de ese año.
Según el ex gobernante, aquella agenda “tiene su principal obstáculo en la manipulación del sistema fiscal y judicial que hace el actual partido de gobierno” y que “se inició y ejecutó durante los casi catorce años” del ex presidente Evo Morales, líder del MAS, en el poder.
“Esta situación ha criminalizado la vida política boliviana, eliminando y/o neutralizando a la oposición democrática, con un expreso afán de hegemonía contrario al principio de pluralismo, respeto a las minorías y balances y contrapesos en el ejercicio del poder”, denunció Mesa.
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El ex mandatario afirmó que Bolivia vive “ya tres lustros con un Ministerio Público y un Órgano Judicial que dependen del Poder Ejecutivo”, lo que vulnera la independencia de poderes.
La principal denuncia de Mesa apunta a la anulación “ilegal” del proceso penal por delitos electorales iniciado a instancias de su denuncia en contra de Morales y varios de sus colaboradores por el supuesto fraude en los fallidos comicios generales de 2019 que fueron anulados.
Para Mesa, esta acción judicial “busca eliminar la evidencia del mencionado fraude electoral” y es parte de un “plan deliberado para utilizar la falsa premisa de un inexistente golpe de Estado” contra Morales para empezar a perseguir judicialmente a los líderes de la actual oposición.
Por ello, pidió a Guterres de forma “urgente” que la ONU instale en Bolivia una representación permanente para la defensa de los derechos humanos con un responsable que tenga experiencia en los problemas derivados de la falta de independencia de poderes.
Antecedentes
Evo Morales fue declarado vencedor de las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia para un cuarto mandato consecutivo, que luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor que él niega.
El entonces presidente anunció su renuncia en noviembre del año pasado denunciando un supuesto golpe de Estado en su contra, una versión que ha sido reiterada varias veces por las actuales autoridades, mientras que la oposición insiste en que hubo un fraude electoral.
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Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió entonces de irregularidades en el proceso, tanto en actas como en el sistema informático de conteo de votos, entre otras, mientras que otros estudios argumentaron luego que los votos a Morales le daban la victoria.
Bolivia repitió los comicios en octubre pasado, en los que el MAS de Morales volvió al poder con el triunfo de Luis Arce con más del 55% de apoyo.
Desde el triunfo de Arce, la Justicia boliviana ha estado envuelta en polémicas decisiones de anulación de procesos en contra de ex autoridades del Gobierno de Morales y gente afín a su partido, además de la reactivación y apertura de casos contra opositores.
