Así lo mencionó en su discurso de anoche Guillermo Mas Duarte, titular de Capaco, que celebró su 57° aniversario, al tiempo de lanzarse el Centro de Estudios Económicos del gremio.
“Es una necesidad imperiosa del sector, pero, sobre todo, una responsabilidad jurídica que tiene el Estado paraguayo como parte en los contratos que suscribió, como el país serio que somos, y que recientemente obtuvo el grado de inversión”, destacó Mas, al tiempo de reconocer que este año cerraría con un crecimiento del sector del 3%, retomando la senda de valores positivos, luego de dos años de caídas.
“Estas caídas, naturalmente, han debilitado al sector, dejando a muchas empresas en una delicada situación financiera”, mencionó el presidente de Capaco.
Ponderó la gestión de la actual ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y le brindó un justo reconocimiento por su compromiso y patriotismo, “quien tan pronto como asumió el cargo el año pasado, sensible con la realidad del sector, de sus obreros y del país entero, lideró el proceso de pago de una parte de la deuda que su cartera tenía con el sector de la construcción, y que el Gobierno del cual ella forma parte heredó de la administración gubernamental anterior”, agregó.
Al historiar el drama del pago lento a las constructoras, dijo que durante el gobierno anterior estas empresas contratistas de obras estuvieron dos o más años sin cobrar, viéndose forzadas a hacer cesiones de créditos a los bancos, debiendo abonar tasas de interés que no habían previsto al momento de presentar sus ofertas al Estado.
“El panorama fue empeorando para las empresas, a medida que fueron produciéndose los vencimientos de las cesiones de crédito, sin que el Estado abonara los compromisos, con un efecto de bola de nieve sobre la deuda del Estado con las constructoras, que ha arrastrado a muchas empresas a una penosa situación financiera el día de hoy, que solo puede resolverse con el Estado honrando los compromisos tal como fueron pactados, con los intereses contractualmente acordados, y establecidos en la ley, y que hoy se calculan en alrededor de USD 100 millones”, puntualizó.
