El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, reiteró la preocupación por los atrasos en los pagos por las obras públicas que superan los 400 millones de dólares hasta la fecha. Para la regularización de los pagos plantea elevar el déficit fiscal de tal suerte que se puedan utilizar los recursos de créditos disponibles. Para esto, se requiere modificar el PGN 2026 y elevar el tope de déficit fiscal mediante una ley de Congreso.
En conversación con la prensa, el titular del gremio vialero ilustró nuevamente la crítica situación por la que atraviesan las empresas constructoras debido a los atrasos en los pagos por los certificados de obras presentados ante el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía.
Según los registros de las empresas vialeras, la deuda acumulada es de unos 410 millones de dólares, de los cuales USD 250 millones corresponden a certificados de obras, USD 120 millones a intereses no reconocidos y que datan del gobierno anterior. Así también reclaman el pago de intereses por USD 40 millones generados durante el actual gobierno y que están pendiente de facturación.
De acuerdo a los empresarios del sector vialero, la crisis generada por la falta de pagos está obligando a ralentizar las obras en el mejor de los casos, mientras que otras están semiparalizadas. Específicamente hablan de siete obras paralizadas, en tanto que dos empresas habrían solicitado la convocatoria de quiebra.
Sarubbi resaltó también que para mantener el ritmo de las obras viales se requiere para este año unos 800 millones de dólares, pero el PGN 2026 prevé solo USD 570 millones, de los cuales 400 millones corresponden a obras en curso y USD 170 millones, a obras nuevas.
Propuesta. Ante esta delicada situación, Cavialpa plantea algunas opciones de solución: una de ellas es el desembolso inmediato por los certificados y establecer compromisos de pagos cumplibles. La otra opción es una reprogramación presupuestaria, utilizando la disponibilidad de PGN, exclusivamente para obras en curso.
Por último, proponen la ampliación del presupuesto para garantizar la finalización de los proyectos en curso.
Según los cálculos estimativos, para que el Estado cumpla con todos sus compromisos con las vialeras, las empresas farmacéuticas y las proveedoras para el programa Hambre Cero, el déficit fiscal debería elevarse al 3% del PIB, es decir, el doble de lo previsto para este año (1,5%).
Los empresarios también lamentaron que el Poder Ejecutivo no visualiza una solución de corto, mediano ni largo plazo, mientras que las empresas ya agotaron sus líneas de créditos con bancos, proveedores, colaboradores entre otros. Sostienen que la cadena de pago no tiene ya condiciones de esperar.
