El canciller Euclides Acevedo se refirió este jueves al proyecto de ley que deroga la Ley 1335/99 “del Servicio Diplomático y Consular” y establece el servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores en una comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Acevedo fue consultado si solicitaría el veto del documento, que ya tiene media sanción en el Senado, y respondió que eso sería en “última instancia”.
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“Nunca soy partidario del veto, sobre todo, una ley como esta tiene que ser por consenso y hoy esta ley no tiene consenso. Entonces, ¿qué es lo que nos resta?, buscar y agotar todos los procedimientos para que se encuentre un acuerdo inteligente, razonable y trascendente”, señaló.
Indicó que se debe dejar de lado la discusión sobre los cupos políticos o diplomáticos, porque no conviene que una ley sea liquidada por otra ley posterior.
“Por eso es que instamos al diálogo y la discusión. Nos llamaba por eso poderosamente la atención una especie de llevada a cabo a tambor batiente. Toda ley llevada a tambor batiente es una ley coercitiva”, añadió el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La Cancillería Nacional ni la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP) acompañaron las modificaciones del proyecto.
Los proponentes son los senadores colorados Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Arnaldo Franco; Rodolfo Friedmann; Antonio Barrios, el liberal Eusebio Ramón Ayala y del PDP, Pedro Arturo Santa Cruz.
Modificaciones al proyecto
Entre los aspectos de la ley que sufren modificaciones sustanciales, están las que reducen filtros para que los “técnicos” que podrían estar sujetos a la injerencia política, ingresen en el escalafón.
El criterio que se utiliza hasta ocupar el número de plazas en la convocatoria es con un mínimo de 80% con personas que posean título universitario expedido o revalidado en el país, en las áreas de derecho, economía, relaciones internacionales, ciencias sociales, medioambientales y afines.
En tanto que se reserva hasta un máximo de “20% con ciudadanos de reconocida capacidad y que posean nivel universitario (habiendo aprobado como mínimo el 50% de las materias de la universidad y dominando una lengua extranjera)”. En la ley actual se establece una relación de 70% y 30%, respectivamente.
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Se estipula que el Ejecutivo con base en la propuesta de la Junta de Calificaciones, incorporará “por única vez” al escalafón administrativo y técnico a funcionarios que entre otros requisitos tengan como mínimo “tres años de antigüedad”.
Cabe decir que la incorporación por la ley actual se da para funcionarios con 5 años de antigüedad.
Una contradicción del proyecto es que el requisito para la incorporación es el concurso, pero en el texto la Junta de Calificaciones tiene entera prerrogativa de “considerar solicitudes y elaborar” la lista de beneficiarios.
