La Cámara de Senadores otorgó ayer media sanción al proyecto que modifica la ley que establece el servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. El documento que ya contaba con aprobación en general, ayer tuvo su estudio en particular, estableciéndose en varios artículos la eliminación de filtros y criterios menos rigurosos para los funcionarios puedan acceder al escalafón diplomática. El documento pasa a consideración de la Cámara de Diputados.
Con el argumento del combate a la inequidad y promover que los técnicos tengan como los funcionarios de carrera, iguales oportunidades de ascender en Cancillería, ayer se procedió –pese a que hubo cierta oposición– al análisis artículo por artículo del extenso proyecto que constaba de 127 artículos.
La senadora proyectista, Lilian Samaniego, señaló que aquellos que critican el documento recién ahora encuentran irregularidades en el escrito “porque están desesperados y no creían que esta ley se aprobaría”.
Los que serán privilegiados con la normativa son unos 160 funcionarios permanentes que así ingresarán dentro del escalafón administrativo.
A criterio de la senadora Georgia Arrúa, el estudio y aprobación se dio de forma apresurada y que “no es algo que no afecte al Estado porque estamos atropellando algo que es de alto interés para el Paraguay”.
Cabe señalar que en vista de que las bancadas del Frente Guasu y Patria Querida se ausentaron al momento del tratamiento en particular, sumado a otras ausencias, el cuórum estuvo casi al límite en todo momento.
Modificaciones. Entre los aspectos de la ley que sufren modificaciones sustanciales, están las que reducen filtros para que los “técnicos” que podrían estar sujetos a la injerencia política, ingresen en el escalafón. El criterio que se utiliza hasta ocupar el número de plazas en la convocatoria es con un mínimo de 80% con personas que posean título universitario expedido o revalidado en el país, en las áreas de derecho, economía, relaciones internacionales, ciencias sociales, medioambientales y afines. En tanto que se reserva hasta un máximo de “20% con ciudadanos de reconocida capacidad y que posean nivel universitario (habiendo aprobado como mínimo el 50% de las materias de la universidad y dominando una lengua extranjera)”. En la ley actual se establece una relación de 70% y 30%, respectivamente.
Se estipula que el Ejecutivo en base a la propuesta de la Junta de Calificaciones, incorporará “por única vez” al escalafón administrativo y técnico a funcionarios que entre otros requisitos tengan como mínimo “tres años de antigüedad”. Cabe decir que la incorporación por la ley actual se da para funcionarios con 5 años de antigüedad.
Una contradicción del proyecto es que el requisito para la incorporación es el concurso, pero en el texto la Junta de Calificaciones tiene entera prerrogativa de “considerar solicitudes y elaborar” la lista de beneficiarios.
Oposición. La modificación no contó con el acuerdo ni del Canciller, Euclides Acevedo, ni del gremio de los diplomáticos de carrera.
