La reocupación de los campesinos de la comunidad San Vicente Pancholo se realizó el jueves en horas de la tarde, tras un violento desalojo en el que muchos de los integrantes recibieron disparos con balines de goma en varias partes del cuerpo por parte de la Policía Nacional.
El operativo de desalojo fue encabezado por el fiscal Jorge Encina y el comisario Atilio Bazán. Para el procedimiento se planificó un despliegue policial por aire y tierra.
El desalojo se inició durante la mañana del miércoles y los campesinos tuvieron que desplegarse dentro de las 1.700 hectáreas que reclama la familia del fallecido corredor de rally Francisco Sánchez Gorostiaga.
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No obstante, los labriegos lograron reagruparse y detener el desalojo y terminaron haciendo correr a los policías que quedaron resguardando el lugar. De igual manera, sus viviendas y cultivos fueron quemados.
El dirigente de la Federación Nacional Campesina, Carlos Aguilar, criticó la fuerza represiva de las autoridades, que dejó a muchos de los integrantes de la comunidad con heridas de balines de goma, incluso en el rostro en el caso de Margarita Ferreira, de 68 años.
Asimismo, calificó al Estado de criminal y mafioso y responsabilizó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de dirigir y crear la violencia.
La Federación Nacional Campesina, al igual que legisladores opositores y la Iglesia Católica se pronunciaron sobre los desalojos de campesinos y comunidades indígenas y la criminalización de la lucha por la tierra.
Esta reocupación es la primera tras la promulgación de la ley “Zavala-Riera” que eleva a 10 años las penas para los invasores.
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La ley fue impulsada principalmente por el Partido Patria Querida y también tuvo el apoyo de liberales y colorados, mientras que el Frente Guasu, PDP y Encuentro Nacional criticaron duramente que se endurezcan las penas para las personas, ya que existe una enorme cantidad de tierras sin titular, tierras malhabidas sin recuperar, litigios y títulos superpuestos.
La FNC realizó una plenaria nacional de dos días con los representantes de diferentes asentamientos y resolvió organizar la resistencia y la defensa de manera colectiva.
En ese sentido, denunciaron desalojos masivos por parte del Gobierno y la puesta en práctica de la ley que criminaliza la lucha por las tierras.
