La Federación Nacional Campesina (FNC) realizó mitines frente a las sedes del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de cada región, en rechazo al proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Agrario, el cual ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Los campesinos alegaron que el objetivo del documento es blanquear las posesiones irregulares de tierra de ganaderos y sojeros que ocupan ilegalmente inmuebles que debían ser destinados a la reforma agraria.
Se trata del proyecto legislativo que modifica y amplía la Ley N° 2531/04, que modifica el artículo 16 de la Ley N° 2002/02, que modifica varios artículos de la Ley N° 1863/02, y los artículos 17, 58, 90 y 93 de la Ley N° 1963/02 que establece el Estatuto Agrario, la Ley N° 5881/17 que modifica el artículo 56 de la Ley N° 1863/02 que establece el Estatuto Agrario modificado por las leyes N° 2002/02 y Nº 4988/13, y que modifica y amplía los artículos 19, 20, 26, 47, 49, 59, 74, 88, 95, 106 y 108 de la Ley N° 1863/02.
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El proyecto señala, en su artículo 88, que los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la Región Oriental, patrimonio del organismo de aplicación, al momento de la promulgación de la presente ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada.
Los labriegos criticaron que con este artículo se posibilita que grandes terratenientes que ocupan irregularmente las fincas del Indert puedan blanquear su situación.
Al respecto, el colectivo Unidad de Acción Social, que agrupa a diversas organizaciones campesinas, recalca que al menos 700.000 hectáreas de tierras del Indert se encuentran ocupadas ilegalmente por personas que no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria, menciona el sitio Base Investigaciones Sociales.
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Cuestionaron que, además de las tierras adjudicadas ilegalmente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), muchos ganaderos y sojeros, nacionales y extranjeros, tienen posesiones de tierras de manera irregular, usurpadas y arrebatadas económica y judicialmente a campesinos e indígenas, adjudicándose tierras públicas, con posesión de derecheras, “alquiler”, ocupación de hecho, sin ninguna documentación o con títulos falsos obtenidos de forma amañada en contubernio con funcionarios corruptos.
“Ellos lo saben muy bien. Saben que su posesión no es jurídicamente sostenible. Y eso, quiérase o no, es una preocupación para ellos. Vale decir, desde hace tiempo que están buscando una oportunidad de blanqueo”, advirtió la FNC.
Asimismo, en su pronunciamiento, la FNC alerta que esta situación vendrá a empeorar aún más la desigualdad en la tenencia de la tierra en el país y afectará aún más la soberanía territorial del Paraguay, “ya que una parte importante de los poseedores irregulares son extranjeros, que con esta medida se legitimará el despojo y la usurpación que realizan sobre las posesiones campesinas e indígenas y otras tierras públicas”.
El documento se encuentra siendo estudiado por las comisiones de la Cámara de Senadores, que conformó una mesa de trabajo para analizar los alcances del proyecto.
