Política

Tierras: Campesinos fueron relegados y poderosos beneficiados

 INICIO. Antes de la Guerra de la Triple Alianza el Estado era propietario del 98% del territorio. VENTA. Tras finalizar la guerra el Estado vendió tierras públicas incluso con poblaciones adentro.

De ser el Estado paraguayo el propietario del 98% del territorio nacional, las políticas de venta de tierras, de gobiernos colorados en su mayoría, terminaron por privilegiar a los poderosos y a los amigos, abandonando al campesinado e indígenas, y generando el mayor nivel de desigualdad de la región en la distribución de la tierra.

Durante el periodo colonial, había un régimen de concentración de tierras en manos de pocas personas y organizaciones, pero con el periodo independiente, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia desarrolló una revolución en las políticas de tenencia de la tierra.

“Nacionalizó y expropió las tierras de la Corona española, de grandes latifundistas españolas, de la Iglesia, e implementó una radical política de reforma agraria repartiendo a los campesinos en usufructo, que implicaba que el Estado les otorgaba la tierra y ellos debían trabajarla, con la opción de comprarla, pero la mayoría de los agricultores no compraban porque no estaban interesados, no creían necesario”, explica a ÚH el docente, investigador y ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Alberto Alderete.

Detalló que esta política fue respetada por los gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo, el mariscal Francisco Solano López, y que el primero profundizó aún más la estructura y tenencia de la tierra al nacionalizar gran parte del territorio, siempre respetando la propiedad privada.

“Al comenzar la Guerra del 70, el 98% de las tierras estaban en manos del Estado y solo el 2% estaba en manos de otros propietarios particulares, que eran estancieros, chacreros y otros”, explicó.

VENTA. Alderete detalló que, al término de la guerra, los grandes sindicatos de empresas capitalistas extranjeras se lanzaron a la compra masiva de las tierras del Estado, ya que el Gobierno pretendía usar esos fondos para fortalecer su entonces caótica estructura y pagar las deudas contraídas por la guerra, debido a la presión de los acreedores.

“Grupos económicos oportunistas y especuladores extranjeros se lanzaron a comprar las tierras del país. El Estado estaba en ruinas tras la guerra, entonces empezó a hipotecar las tierras para conseguir préstamos que ayuden a fortalecer su estructura burocrática. Fue así que en 1883, el gobierno del general Bernardino Caballero dictó una ley que se llamó Ley de Venta de Tierras Públicas, y luego otra en 1885, y por medio de ellas, citó a todos los poseedores de tierras para que en el plazo máximo de seis meses presenten sus títulos de propiedad”, indicó.

Explicó que el problema en ese tiempo fue que muy poca gente tenía títulos sobre sus tierras, ya que la mayoría había quedado en ese régimen de usufructo de las tierras públicas, y así perdieron sus derechos de propiedad, dando paso a la venta a los capitales extranjeros.

“Fue así que en esas leyes se dispuso el remate de las tierras, estableciéndose dichos remates por zonas, la de Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, y fue así que vinieron grupos de especuladores extranjeros de todo tipo que crearon sociedades en el extranjero exclusivamente para especular con las tierras del país, y fue así que aparecieron y compraron tierras del Estado a precios regalados, que fueron tasadas por kilómetro cuadrado, empresas como Carlos Casado, la Matte Larangeira, Domingo Barthes y la Industrial Paraguaya”, indicó.

Dichas tierras eran las más ricas del Estado, ya que contaban con yerbales naturales que terminaron siendo explotados por estas empresas y utilizaban una mano de obra casi esclava de los pobladores campesinos e indígenas que vivían dentro de esas tierras.

“Allí estaban los más ricos yerbales naturales, y esas tierras el Estado vendió a un precio ínfimo a especuladores extranjeros, y fue así que las poblaciones enteras que existían dentro del país, como no tenían títulos de propiedad, fueron vendidos dentro de esas ventas de uno y dos millones de hectáreas de tierras”, relató.

Calificó el hecho como el inicio del proceso de concentración de la tierra y el latifundio en el país, proceso que continuó y se fue profundizando con el correr de los años y los gobiernos.

PROTESTAS. Dijo que recién en 1936, con el gobierno del coronel Rafael Franco y a raíz de las protestas de las poblaciones que quedaron encerradas en la propiedad de los especuladores extranjeros que “por primera vez el Estado paraguayo dictó un decreto ley de Estatuto Agrario, y se legalizaron muchos asentamientos y poblaciones, hecho que se profundizó en 1940 en el gobierno liberal (José Félix Estigarribia) que modernizó, con otro decreto ley, el Estatuto Agrario”, detalló.

El Gobierno expropió varias extensiones de tierra y legalizó varias de las poblaciones que habían quedado atrapadas y sin derechos de propiedad.

“En 1951 (gobierno colorado de Federico Chaves), se crea el primer Instituto de Reforma Agraria (IRA), y se otorgaron tierras a muchos agricultores, pero ya se da el problema de falta de tierras por culpa de la gran concentración que había en manos privadas”, explicó.

Ya en el periodo de gobierno de Alfredo Stroessner, en 1961, tras la revolución cubana que abrazó el lema de “Tierra y Libertad”, el gobierno norteamericano de John F. Kennedy influye para que en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se apruebe un plan para la región denominado “Alianza para el Progreso”, que instaba a la reforma agraria en los países.

En el marco de esa resolución de la OEA, en 1963 el Paraguay dictó su propio Estatuto Agrario que modificó al de 1940, y se comprometió ante la OEA a realizar una reforma agraria creando el Instituto de Bienestar Rural (IBR), que reemplazó así al IRA.

“El Estatuto Agrario se dictó, pero su política fue absolutamente contraria a sus fines. La reforma agraria de Stroessner se denominó política de colonización, y tuvo algunos aspectos positivos, creando muchas colonias hacia el Norte y el Este, como un intento de descomprimir la gran demanda de tierra... pero al mismo tiempo, como había todavía muchas tierras fiscales, el Gobierno aplicó una política para ganarse adeptos, y así el IBR empezó a adjudicar miles de hectáreas de tierras a gente poderosa que pudiera respaldar a Stroessner, como militares, empresarios, industriales y banqueros, y, de nuevo, los campesinos fueron privados de tierra; así, el Gobierno acentuó la concentración de la tierra y el latifundio, aumentando la brecha, y esa es la historia hasta la actualidad”, indicó Alderete.

El mismo definió la posdictadura como “sin Stroessner pero con Stroessner”, al señalar que si bien el dictador se fue, quedaron las mismas políticas. “Ese sistema continúa, sigue vigente y es lo que hay que vencer... El discurso agrarista del Partido Colorado es pura retórica, lo que hizo siempre fue abandonar a los campesinos y reprimirlos cuando reclamaban”, dijo Alderete, e instó a fortalecer la reforma agraria y sus instituciones como salida al problema.


6.744.005 hectáreas de tierras malhabidas fueron adjudicadas por el IRA y por el IBR entre los años 1954 y 1989.

989.589 hectáreas de tierras malhabidas fueron las adjudicadas ilegalmente por el IBR entre el año 1989 y el 2003.

7.851.295 hectáreas es el total de tierras malhabidas entre los años 1954 y 2003. El 32,7% de las tierras arables.

El gran rematador de tierras
Bernardino Caballero fue el presidente y fundador de la ANR que inició el proceso de venta de tierras públicas, tras la Guerra contra la Triple Alianza.

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