Con la frase “Por la soberanía nacional, territorial, ambiental, y para la restauración de la agricultura familiar campesina e indígena: Reforma agraria agroecológica y sustentable”, unos 400 delegados de diversas organizaciones campesinas se congregaron este martes en la Casa del Pueblo, ubicada cerca de la Plaza Italia, en Asunción, en la primera plenaria que trabaja en el Plan Nacional Estratégico del Decenio de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena 2022-2031, donde se acordó realizar una gran marcha contra la política del Gobierno de Mario Abdo Benítez, específicamente por la Ley de Invasiones en Paraguay, informaron desde la Coordinadora Nacional Campesina.
En contacto con Última Hora, Félix Núñez, representante de la coordinadora, recalcó que durante la primera plenaria acordaron planificar la realización de una movilización que congregue a los actores de diversos sectores del país, aproximadamente para el mes de marzo de 2022.
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“Es una preparación de un plan o una movilización para pedir la derogación de la ley de Fidel Zavala (Ley 6830/21, que modifica el artículo 142 del Código Penal Paraguayo sobre la invasión de inmuebles), como le decimos nosotros, porque en pocas manos están las tierras del país”, indicó el dirigente campesino, agregando que están comenzando a hacer un llamado general para que todas las comunidades indígenas, sintechos, obreros y todos los sectores que son perjudicados con la normativa se adhieran a la marcha.
Reclamó que, si el Estado no proporciona nuevas oportunidades para acceder a tierras, el futuro de los trabajadores del país se ve entorpecido, por lo que se están preparando para luchar contra los “corruptos”.
“Nosotros como campesinos no podemos hablar de desarrollo si no habrá más tierras. Con los grandes empresarios que no pagan impuestos es difícil el progreso del país. En marzo creemos que se debe hacer una gran movilización, después de que ellos (los parlamentarios) vuelvan de su receso. Estamos dispuestos a enfrentarnos a esa gente corrupta que maneja el país”, sentenció Núñez.
A finales de setiembre de este año, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a pocas horas de recibir el documento, promulgó aceleradamente la ley que amplía las penas por las invasiones de inmuebles, la cual fue sancionada por el Congreso.
En ese entonces, varios incidentes se desataron en Asunción entre manifestantes que esperaban conocer la decisión del mandatario, pero apuntaban a que la propuesta sea rechazada, y agentes de la Policía Nacional, en la zona del Parlamento, donde se registraron varios heridos.
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La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) ya había advertido que los constantes desalojos contra comunidades campesinas e indígenas pueden desatar un caso como el de Marina Cué, la llamada Masacre de Curuguaty, que culminó con 11 campesinos y 6 policías muertos en el 2012.
“Desde la #FNC estamos organizando la resistencia y la defensa de asentamientos y comunidades indígenas ante los desalojos: Se vienen realizando plenarias de representantes de diferentes asentamientos, así como coordinación en las regiones”, es la frase que vienen publicando reiterativamente desde la Federación Nacional Campesina (FNC) a través de varias publicaciones en Facebook.
