Esta preocupación se funda principalmente –según la entidad citada– en la potencial lesión que acarrea la normativa a principios de rango constitucional, como la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libre competencia, todos ellos enunciados en nuestra Carta Magna, y condiciones indispensables para el desarrollo económico y social integral, tal como se plasma en un comunicado al respecto.
“Cumplimos en señalar que este proyecto no ha tenido la socialización y análisis que se requieren en un proyecto de tales características, atendiendo al alto impacto que tendrá sobre el sector privado. Asimismo, resulta llamativa la incorporación, a último momento, del artículo 4, en especial de sus incisos e) y q), los cuales habilitan un margen excesivo de discrecionalidad por parte del ente regulador, en este caso, el Banco Central del Paraguay.
Esta inclusión en la redacción, en la práctica, podría dar origen a medidas que atentan contra la seguridad jurídica, necesaria para promover la inversión”, destaca parte del documento emitido.
La CNCSP considera que, de aprobarse en tales condiciones, esta ley, lejos de representar un beneficio para el clima de negocios en Paraguay va a perjudicar el ecosistema de medios de pago y, por ende, a la economía en su conjunto, que requiere procesos ágiles para su normal desempeño.
“Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios estamos de acuerdo en que se necesita una ley que regule el Sistema Nacional de Pagos, pero la misma debe ser el resultado de un proceso transparente y participativo, donde prevalezca el cumplimiento del orden jurídico. Por todo lo expuesto, solicitamos la postergación del tratamiento del referido proyecto y el inicio de un proceso de diálogo técnico donde se garantice la participación de todos los sectores afectados”, refiere la institución.
