La iniciativa, que propone casi una decena de cambios paramétricos para el acceso a la jubilación de todos los funcionarios públicos, fue respondida incluso con contrapropuestas sectoriales, cuestionamientos de inconstitucionalidad y un fuerte rechazo a cualquier intento de trasladar el déficit previsional a la ciudadanía, vía impuestos.
El MEF señala que su plan se apoya sobre los principios de “sostenibilidad, equidad y suficiencia”, a fin de corregir los desequilibrios financieros históricos del sistema, cuyo déficit cerró en USD 380 millones en el 2025.
Entre los principales cambios planteados están la fijación de una edad mínima de jubilación para sectores que actualmente no la tienen, como docentes, policías y militares; un esquema de acceso gradual con retiro extraordinario desde los 57 años y ordinario a partir de los 62; y el aumento del aporte obrero al 19%, pero incorporando por primera vez un aporte patronal del Estado del 3%.
Asimismo, el proyecto unifica la base de cálculo del haber jubilatorio en el promedio de los últimos cinco años de remuneraciones imponibles; introduce nuevas tablas de sustitución que premian la permanencia en el sistema y elimina la equiparación automática de haberes para policías y militares, reemplazándola por un mecanismo de actualización vinculado al salario mínimo, con un tope del 25%.
La propuesta recibió algunas críticas, entre ellas del coronel retirado Felipe Mercado, quien la calificó como “válida en su forma”, pero inconstitucional, debido a que contradice el artículo 103 de la Carta Magna.
En paralelo, gremios de policías y militares retirados presentaron otras alternativas que incluyen la aplicación de tasas a la explotación de tierras por parte de sojeros y arroceros y un aporte especial de la Itaipú. Desde estos sectores argumentan que se trata de “tasas y no impuestos”, pero la iniciativa encendió alarmas en el sector productivo y empresarial.
Los docentes, por su parte, avanzaron con una contrapropuesta propia, respaldada por 21 organizaciones, que pide un aporte estatal del 14%; que se mantenga el aporte obrero de 16%, y rechaza la imposición de una edad mínima para el retiro.
En su propuesta, plantean que puedan retirarse desde los 25 años de servicio, con una tasa de sustitución del 83%; o 28 años y una tasa del 87%.
En el seno político, desde la Comisión Permanente del Congreso aseguraron que todas las iniciativas serían analizadas, pero legisladores cuestionaron que el Ejecutivo no haya logrado un consenso previo antes de entregar el proyecto. Coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la reforma, ateniendo a que retrasarla arriesga el déficit fiscal, reduce margen y pone en riesgo servicios claves o sociales.
