El Gobierno impulsó varios proyectos económicos en el inicio de su gestión y siguió impulsando otras normativas durante el 2024. Sin embargo, la más importante y la que será un verdadero desafío queda todavía pendiente: La reforma de la Caja Fiscal, que se espera sea presentada en el 2025.
Dicha reforma es más que esencial para el equilibrio fiscal, ya que cada año la caja de jubilaciones del sector público se lleva más recursos del Estado, que son financiados con los impuestos de todos los contribuyentes. Los números son alarmantes, ya que de enero a noviembre de este año la caja ya registra un déficit de G. 2 billones, que al cambio representa USD 260 millones, que bien pudiera ser destinado a otros sectores.
Pese a la urgencia de los cambios para corregir las pérdidas, el Poder Ejecutivo prefirió dar paso a otros proyectos, muchos de los cuales demoraron meses y luego terminaron por ser sancionados a las apuradas antes del receso parlamentario, y otros que entraron en la recta final y ni siquiera fueron estudiados debidamente para su sanción.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que ya se está trabajando en las alternativas para evitar las pérdidas, pero el proceso de socialización con los sectores afectados aún no se realiza para buscar un consenso con los maestros, policías, militares, docentes universitarios y magistrados judiciales.
La intención del Gobierno sería enfocarse en el 2025 en esta gran reforma y para ello apresuró otros proyectos económicos en el 2023 y 2024.
Leyes aprobadas. Tras la creación de la Dirección Nacional de Ingresos (DNIT) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Poder Ejecutivo fue por la ley de la Superintendencia de Valores para regular el mercado de valores y la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones para buscar regular las cajas jubilatorias. En el caso de esta última, aunque la ley está vigente, su Consejo de Seguridad Social sigue a la espera de ser totalmente integrado.
Recientemente, el presidente Santiago Peña emitió el decreto por el cual se designa a Enrique Vidal Lovera y a Luis Fleitas Bogarín como miembros titular y alterno del Consejo de Seguridad Social, respectivamente, en representación del sector empleador y por el plazo de cinco años.
El decreto establece que el plazo de 5 años comenzará cuando entre en vigor la designación del último miembro del Consejo de Seguridad Social que no sea parte del sector público. En este caso, por parte del sector privado todavía falta la designación de los representantes de los trabajadores y jubilados.
En tanto, por el sector público lo integran el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández; el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde.
La falta de conformación del Consejo ya atrasó la implementación del organismo que debe reglamentar su ley, designar un superintendente e iniciar el funcionamiento de la institución. Lo que llama la atención es que el proyecto de ley en su momento fue muy cuestionado por el apresuramiento con el que se sancionó y promulgó, para luego quedar estancado por un año, por lo que este ente regulador también pasaría a funcionar recién en el 2025.
Más fusiones. Otra norma que fue legislada en el año es la Ley de Organización Administrativa, a partir de la cual se busca, entre otras cosas, fusionar secretarias y otros entes donde se duplican funciones, tal es el caso del Registro Unificado Nacional, que unificó la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Asimismo, el Ejecutivo emitió el decreto de Ley de Compras Públicas que si bien ya fue elaborada en el Gobierno anterior, esta gestión decidió hacer correcciones y agregar detalles que fueron excluidos.
En la última semana, el Parlamento también sancionó la ley de Servicio Civil, la cual tuvo varias versiones, la última presentada a mediados del año y fue sancionada con modificaciones. La norma pretende establecer principios claros de transparencia, integridad y “meritocracia” en los cargos públicos; sin embargo, al reconocer la autonomía de cada Poder del Estado, estos en su reglamentación podrán regular el cumplimiento de la misma. De igual manera, el Legislativo modificó varios artículos respecto a los cargos de confianza y las sanciones por incumplir la ley.
Igualmente, se sancionó la Ley de Mipymes que busca establecer nuevas condiciones para beneficiar a las empresas de este sector, las cuales se caracterizan por emplear a gran parte de la población.
El programa de reformas termina con una muy importante, que a las pocas semanas de presentarse y en menos de 24 horas fue sancionada. Se trata del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) y, entre otras cosas, establece que el plazo para el cálculo del haber jubilatorio pasa de 36 a 120 meses.
Lo que queda pendiente para el 2025 son el proyecto de ley de APP’s que busca incentivar la inversión privada. Finalmente, otra reforma que se hace esperar es la del transporte público, que ya fue presentada al Parlamento.
