Tras lograr Paraguay el segundo grado de inversión, un reconocimiento internacional que posiciona al país como una economía confiable para los mercados, el economista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Rodrigo Ibarrola, lanzó una serie de alertas hacia el Gobierno sobre riesgos que podrían limitar la sostenibilidad de ese logro si no se gestionan con prudencia.
En entrevista con Última Hora, Ibarrola analizó factores macroeconómicos, fiscales y estructurales, al tiempo de destacar desafíos pendientes que ponen en juego la consolidación del grado de inversión.
Para el experto, el reconocimiento responde a políticas macroeconómicas sólidas, disciplina fiscal y resiliencia externa. Señaló que estabilidad macro y las expectativas de diversificación jugaron un papel clave en la percepción internacional.
“Se explica por una combinación de factores de política y resiliencia macro; un historial de estabilidad y políticas promercado, con crecimiento sostenido; una marco fiscal conservadora con convergencia esperada al déficit de 1,5% del PIB sin apartarse de esa línea; política monetaria que logró la convergencia hacia su nueva meta muy rápido; y una mayor resiliencia externa por tipo de cambio flexible y buen colchón de reservas. A eso se suma la expectativa de una mayor diversificación de la inversión futura”, destacó.
Sin embargo, subrayó que la cuestión fiscal “no está del todo resuelta” y que, si bien la deuda paraguaya aún es “manejable”, su alta dependencia de compromisos externos en dólares la hace vulnerable.
Calidad del Gasto. Además, advirtió sobre la calidad del gasto público, mencionando presiones del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público o la Caja Fiscal, cuyo déficit va en crecimiento, y la necesidad de mayor inversión en infraestructura con criterios de priorización y evaluación.
“El riesgo es que (la deuda) es sensible al tipo de cambio por su alta dolarización. Y sobre calidad del gasto, el informe reconoce las presiones de la Caja Fiscal y la necesidad de más infraestructura. Ahí entra la necesidad de una mejora en la calidad del gasto, priorización, evaluación, ejecución y APP (alianzas público-privada) bien diseñadas”, recordó el economista.
En ese sentido, explicó que la mejora en el acceso a financiamiento puede servir para refinanciar deuda más cara por deuda más barata, alargar plazos y financiar proyectos productivos, siempre que se mantenga el déficit bajo control.
No obstante, también remarcó que el servicio de la deuda aumentó en los últimos años y que actualmente representa el 17% de los ingresos tributarios.
“Solo los intereses superan a la deuda de inversión de la administración central”, afirmó Ibarrola.
En tanto, resaltó que el Gobierno muestra avances institucionales tras la creación de la Superintendencia de Pensiones, aunque aún no este funcionando plenamente, pero dijo que aún “quedan evaluaciones por realizar para juzgar resultados aislando los factores exógenos”.
En su análisis, uno de los aspectos claves es que se espera que entidades como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) mantengan su independencia más allá de los cambios en sus autoridades, subrayando que la experiencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya ofrece lecciones al respecto.
Informalidad. Ibarrola también alertó que factores estructurales, como la informalidad laboral y la presión tributaria baja siguen siendo límites para sostener logros adicionales.
“Con presión tributaria baja, el espacio fiscal para infraestructura y capital humano sin aumentar deuda es difícil. La informalidad atenta contra la productividad, la recaudación y la cobertura social. Aún cuando se logre la meta del 12%, será absolutamente insuficiente”, sostuvo.
Entre los riesgos que podrían revertir la calificación crediticia, mencionó déficits persistentes en cuenta corriente financiados con deuda, sobre todo si no se financia con inversión directa, sino con más deuda, además del incumplimiento de la regla fiscal y shocks climáticos, especialmente dado el peso del agro y los commodities en las exportaciones.
41 por ciento del PIB representa la deuda pública y está concentrada en un elevado porcentaje en dólares.
334 millones de dólares es el saldo deficitario de la Caja Fiscal a noviembre del presente año, según los datos.
