La polémica reforma de la Caja Fiscal, planteada por el Poder Ejecutivo como una medida urgente para evitar el agravamiento del déficit del sistema jubilatorio público, que ya supera los USD 1.700 millones en la última década, se encuentra empantanada en la Cámara de Senadores, en medio de posturas divididas y fuertes presiones por parte de los distintos sectores que buscan proteger sus beneficios.
El proyecto fue impulsado por el propio Gobierno, encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el argumento de que la Caja Fiscal atraviesa una situación crítica y que, sin los cambios, podría enfrentar problemas de sostenibilidad en poco tiempo, requiriendo cada vez mayores transferencias del Tesoro Público.
Poco tiempo después de su presentación, en diciembre de 2025, el estudio del proyecto avanzó rápidamente en la Comisión Permanente, pasando a manos de la Cámara de Diputados. En esta segunda instancia, con apenas unos días de que se transparente el informe actuarial que sustenta los cambios propuestos por el Gobierno, como una nueva maniobra del cartismo, la propuesta fue aprobada en tiempo récord, en medio de críticas por el estudio a las apuradas y el escaso debate técnico.
Tras su aprobación, pasó al Senado, donde el escenario ya fue distinto. Inicialmente, se planteó tratar la iniciativa en un corto plazo, pero luego se fijó para el 25 de marzo hasta que finalmente decidieron aplazar su tratamiento de manera indefinida o sine die.
Según trascendió, para esos días en que estaba previsto el estudio, también se anunciaban protestas campesinas y movilizaciones de docentes, lo que habría influido en la decisión política de evitar el debate en ese momento.
División. En tanto, el aplazamiento generó molestias en el entorno político o posturas divididas e incluso legisladores oficialistas salieron al paso a cuestionar la decisión.
El senador Silvio Beto Ovelar, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, reconoció que el escenario se estaba tornando complicado, debido a que algunos senadores están a favor de la versión de Diputados, otros apuntan a realizar modificaciones, mientras que algunos incluso quieren que el proyecto sea rechazado.
Ovelar reveló que el presidente Santiago Peña pretendía que la reforma sea aprobada tal como fue sancionada en Diputados, pero que en el Senado decidieron seguir dialogando debido a que se podía generar una crisis social. Señaló también que dejó de mantener comunicación directa con Peña, por lo que actualmente mantiene conversaciones únicamente con el vicepresidente Pedro Alliana.
El diputado colorado Hugo Meza, por su parte, afirmó que se sintió “estafado” por el Ministerio de Economía, a cargo de Carlos Fernández Valdovinos. Aseguró que sus colegas solicitaron más tiempo para estudiar el plan de reforma, pero que recibieron un rotundo rechazo del MEF, por lo que no tuvieron otra opción que aprobar sin cambios.
También se supo que la situación habría generado malestar dentro del MEF, que tiene como objetivo avanzar hacia la reforma, como una estrategia para seguir mejorando la calificación del país. Más de un organismo internacional ya se había hecho eco de la situación financiera de la Caja Fiscal y recomiendan una reforma urgente.
En paralelo, gremios docentes anunciaron nuevas medidas de presión para esta semana, ante el temor de que se adelante el tratamiento y se apruebe solamente la versión de Diputados. En ese sentido, la Intersindical de Trabajadores de la Educación convocó a un paro total y movilización nacional de profesores para el martes 10 y miércoles 11 de marzo, mientras que los magistrados judiciales convocaron a una protesta este lunes.
Las posturas divididas también se evidencian entre los mismos gremios. Esta última semana, algunos representantes del sector militar cuestionaron públicamente la postura de los docentes, acusándolos de priorizar intereses particulares en el debate.
El tratamiento del proyecto se da en un año fuertemente marcado por las elecciones internas partidarias y por el costo político que implicaría modificar los beneficios jubilatorios de sectores con gran capacidad de movilización.
